Una investigación periodística ha destapado graves irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), revelando contratos millonarios bajo el modelo de pago por cápita en el régimen subsidiado a empresas que presuntamente ofrecían servicios deficientes.
La investigación del programa N Investiga identificó a KHERSUN S.A., parte del Grupo Read, como una de las principales beneficiadas. Documentos expuestos muestran que Khersun recibía RD$ 65 millones mensuales (RD$ 780 millones al año), con una proyección total de RD$ 3,770 millones entre 2021 y 2025 por la atención en 35 centros médicos.
Deficiencias alarmantes en la atención
La auditoría encubierta a cinco centros de Khersun reveló un patrón de incumplimiento:
- Ausencia de especialistas esenciales.
- Equipos médicos insuficientes.
- Demoras prolongadas en las citas médicas.
Otra entidad vinculada al Grupo Read que perdió el pago capitado fue DELESTE SRL. Constituida en 2021, esta empresa recibía RD$ 39 millones mensuales por la cobertura de 300,000 afiliados. La investigación cuestionó su supuesta expansión turística, ya que 18 de sus 20 centros se encuentran en zonas rurales del noroeste, pese a las deficiencias ya documentadas en centros urbanos.
Una tercera institución destacada en el escándalo es la Fundación de Servicio Ambulatorio Nacional de Salud (SANAS), dirigida por el senador Félix Bautista. Tras la suspensión del pago capitado, la fundación registró una desvinculación masiva de empleados, lo que sugiere una alta dependencia de estos fondos públicos para operar, al tiempo que servía a la estrategia electoral del legislador.
Tras la difusión del reportaje, SeNaSa anunció la suspensión inmediata de los contratos capitados fijos con al menos once empresas privadas. Estas entidades continuarán recibiendo pagos únicamente por los servicios que demuestren haber prestado.
Expertos han criticado la decisión de destinar cuantiosos recursos públicos a centros privados no especializados, en lugar de fortalecer la red pública de salud, catalogándolo como una privatización encubierta del primer nivel de atención.
La respuesta oficial del Gobierno llegó de forma tardía. Se convocó una rueda de prensa inusual un sábado en el Palacio Nacional para anunciar que ya existía una investigación con «indicios penales graves» que sería remitida al Ministerio Público. Sin embargo, el Gobierno evitó mencionar nombres de los responsables y, según trascendió, distribuyó «talking points» a líderes de opinión para minimizar la presión mediática.
Multas mínimas ante irregularidades millonarias
El escándalo se agrava por las sanciones impuestas por la SISALRIL. La resolución 0003-202-2025, emitida en mayo, impuso una multa mínima de RD$ 1 millón por el incumplimiento de pagos por más de RD$ 1,000 millones a prestadores entre enero y septiembre de 2024.
Paradójicamente, esta sanción por un incumplimiento sistémico es inferior a las multas aplicadas por casos individuales de negación de servicios:
- RD$ 3.88 millones por negar una cirugía de escoliosis.
- RD$ 3.74 millones por limitar la cobertura de una escisión de disco.
La opacidad y la respuesta tardía del Estado plantean serias interrogantes sobre:
- Por qué se permitió la continuidad de contratos y facturaciones con anomalías conocidas.
- Los criterios para asignar fondos millonarios a empresas con deficiencias documentadas.
- La identidad de los responsables legales y la razón de las sanciones mínimas.
El caso evidencia una falla sistémica en la fiscalización de los recursos destinados a la salud de los sectores más vulnerables del país.
