SANTO DOMINGO.— El Seguro Nacional de Salud (Senasa), considerado la columna vertebral del sistema de aseguramiento público en República Dominicana, atraviesa su mayor crisis institucional desde su creación. El Gobierno ha revelado hallazgos de graves irregularidades administrativas y financieras que han comprometido recursos públicos y puesto en tela de juicio la confianza en la entidad que cubre a más de ocho millones de dominicanos.
El caso ya está en manos del Ministerio Público, luego de que el presidente Luis Abinader instruyera la entrega de un informe técnico a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso. El documento fue depositado por el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, y el director ejecutivo de Senasa, Edward Guzmán.
Hallazgos e irregularidades detectadas
Las revelaciones, que surgieron de denuncias y auditorías oficiales, apuntan a un esquema sostenido de irregularidades, con graves repercusiones financieras. Entre los hallazgos más notables se encuentran:
- Procedimientos médicos inexistentes: Se detectaron más de 4,000 procedimientos médicos que fueron facturados y autorizados sin haberse realizado. Este esquema, presuntamente operado por un “call center paralelo”, habría movilizado más de RD$41 millones en pagos ilícitos.
- Crecimiento en nómina y gastos: Entre 2020 y 2024, el personal de Senasa aumentó de 1,408 a 1,971 empleados, lo que provocó un aumento significativo de la carga salarial. Además, la apertura de 19 oficinas en el exterior, con un costo mensual superior a RD$5 millones, ha sido cuestionada por sus gastos.
- Déficit y mora en pagos: El déficit del régimen subsidiado asciende a más de RD$3,372 millones, mientras que la mora en los pagos a los prestadores de servicios ha pasado de menos del 1 % en 2020 al 46 % en 2023. Esto ha puesto en riesgo a clínicas, farmacias y laboratorios que dependen de los pagos de la institución.
Respuesta del Gobierno y medidas inmediatas
Ante la magnitud del escándalo, el Gobierno ha tomado medidas contundentes. El presidente Luis Abinader aseguró que la Cámara de Cuentas y la Procuraduría Especializada Antifraude han iniciado auditorías e investigaciones para esclarecer los hechos. “Quien haya sustraído fondos públicos, especialmente en el área de la salud, enfrentará consecuencias drásticas”, advirtió el mandatario.
En agosto de 2025, el presidente destituyó al entonces director de Senasa, Santiago Hazim, y nombró a Edward Guzmán Padilla con la misión de reestructurar la entidad. Bajo la nueva dirección, se han implementado una serie de correcciones, como la suspensión de contratos con centros privados y la anulación de un contrato con la empresa Farmacard, S.R.L., por violar la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas. El Gobierno ha asegurado que reforzará los controles internos para evitar futuras irregularidades y garantizar el acceso de los afiliados a los servicios de salud.
