SANTO DOMINGO. – El Senado de la República estudia un proyecto de ley elaborado por la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que tiene el objetivo de evitar el ingreso del dinero vinculado al narcotráfico hacia las organizaciones políticas.
La iniciativa, entregada por José Ignacio Paliza, busca obligar a las entidades políticas a designar un «oficial de cumplimiento» o crear una unidad encargada de supervisar y documentar las labores para impedir el uso de recursos ilícitos.
Esta pieza legislativa pretende modificar la Ley 33-18 y contempla imposibilitar que las agrupaciones ligadas al crimen organizado puedan disponer del presupuesto entregado por la Junta Central Electoral (JCE).
Según el artículo 72 del documento, los fondos no destinados a los partidos tras detectarse irregularidades sustanciales serían reintegrados a la Cuenta Única del Tesoro.
Control de aportes y responsabilidades
El proyecto establece que los partidos deben gestionar alertas sobre operaciones inusuales o sospechosas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En caso de recibir contribuciones ilícitas, las organizaciones estarían obligadas a devolver los recursos de manera inmediata y reportar los hallazgos a la JCE. El texto define como aportes ilícitos aquellos provenientes de personas vinculadas a actividades criminales o aquellos cuyo origen lícito no pueda ser determinado mediante procedimientos de debida diligencia.
Proceso legislativo
La iniciativa, asumida por las bancadas oficialistas, se encuentra actualmente bajo estudio de una comisión especial en la Cámara Alta.
Esta comisión deberá entregar un informe con observaciones y recomendaciones para su posterior votación. De ser aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados, la regulación entraría en vigencia inmediatamente tras su promulgación por el Poder Ejecutivo.
