El Senado de la República Dominicana aprobó este martes un proyecto que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, introduciendo cambios significativos en el mecanismo de cobro por la recolección de basura.
Entre las principales modificaciones, el proyecto actualiza el artículo 143, estableciendo que los ayuntamientos y juntas distritales cobrarán de manera obligatoria los servicios de recolección de residuos sólidos urbanos a través de la factura del servicio de energía eléctrica.
El artículo modificado precisa que los montos facturados por la recolección de residuos deberán ser independientes y calculados según los costos reales y totales del servicio.
Las distribuidoras de energía eléctrica estarán obligadas a transferir íntegramente los montos cobrados por este concepto al Fideicomiso Do Sostenible, el cual será responsable de distribuir los recursos a los ayuntamientos y juntas distritales.
El texto también aclara que esta disposición no afectará acuerdos privados relacionados con recolección especial de residuos, que continuarán manejándose de forma separada.
Implicaciones de la reforma
La medida busca garantizar un cobro más eficiente y asegurar que los fondos lleguen directamente a los municipios para mejorar la gestión de los residuos sólidos. Sin embargo, el nuevo esquema podría generar debate entre usuarios y sectores empresariales por su impacto en la factura eléctrica y la transparencia en la ejecución de los recursos.
