SANTO DOMINGO.– El Senado de la República aprobó este martes, en segunda discusión, un proyecto de ley que busca reorganizar el sistema de control de semillas en República Dominicana y crear una nueva entidad pública encargada de supervisar su calidad, producción y comercialización.
La iniciativa contempla la creación del Instituto Nacional de Semillas (INASE), adscrito al Ministerio de Agricultura, que asumiría funciones actualmente distribuidas entre distintas dependencias del sector agropecuario.
El proyecto había sido presentado originalmente por el senador Félix Bautista y ha sido discutido en legislaturas anteriores. En abril de este año, el Senado lo aprobó en primera lectura como parte de una iniciativa nacional de semillas.
¿Qué haría el nuevo Instituto Nacional de Semillas?
El INASE tendría la responsabilidad de verificar que las semillas producidas, acondicionadas, importadas y comercializadas en el país cumplan con los estándares de calidad definidos por la legislación.
También tendría facultad para crear y administrar un registro de productores, acondicionadores y comercializadores de semillas, así como realizar inspecciones en campos, establecimientos públicos y privados.
El proyecto contempla además la posibilidad de tomar muestras e incautar temporalmente semillas cuando existan dudas sobre su calidad o cumplimiento normativo.
La propuesta busca fortalecer la producción y comercialización de semillas certificadas destinadas tanto al consumo interno como a la actividad agrícola nacional. Ese objetivo ya figuraba en versiones anteriores del proyecto examinadas por el Senado.
¿Qué pasaría con las oficinas que ya existen?
Actualmente, el Ministerio de Agricultura cuenta con áreas que realizan funciones relacionadas con semillas, entre ellas el Departamento de Semillas y la Oficina de Registro de Variedades y Protección de los Derechos del Obtentor.
De aprobarse definitivamente la ley, el personal, equipos y otros activos vinculados a esas funciones pasarían a la nueva estructura institucional.
La propuesta deberá ahora continuar su trámite en la Cámara de Diputados. Solo si también es aprobada allí y posteriormente promulgada por el Poder Ejecutivo entraría en vigor.
Multas podrían llegar hasta 100 salarios mínimos
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es el régimen de sanciones.
Las empresas, productores o comercializadores que suministren información falsa sobre la calidad de las semillas podrían enfrentar multas de hasta 100 salarios mínimos del sector público, además de la suspensión o cancelación de las licencias correspondientes.
El texto también establece mecanismos de reclamación para compradores que reciban productos cuya calidad no coincida con la ofrecida.
En esos casos, el vendedor podría estar obligado a devolver el dinero y quedar expuesto a acciones legales adicionales.
La iniciativa también contempla la creación del Fondo de Incentivo y Contingencia Semillera (Fonicose).
Ese fondo tendría como objetivo apoyar financieramente la producción, multiplicación y uso de semillas certificadas, además de responder ante situaciones calificadas como emergencias semilleras.
El proyecto plantea que Fonicose reciba cada año recursos equivalentes al 10 % del presupuesto total del INASE.
Un proyecto que lleva años en discusión
La legislación sobre semillas no es nueva en el Congreso.
Registros oficiales muestran que una versión similar fue sometida por Félix Bautista en 2021 y aprobada en primera lectura en junio de 2022, pero no logró completar el proceso legislativo antes de perimir.
La versión reintroducida en 2025 también fue remitida a la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios y Agroindustriales y aprobada en primera lectura el 29 de abril de 2026.
Bautista ha sostenido que el país necesita fortalecer la institucionalidad encargada de definir y ejecutar la política nacional de semillas, con el objetivo de mejorar la productividad agrícola y las condiciones para competir en los mercados nacionales e internacionales.
La aprobación del Senado no convierte todavía la iniciativa en ley. El proyecto deberá superar el proceso correspondiente en la Cámara de Diputados y, posteriormente, ser promulgado por el Poder Ejecutivo.
