MOSCÚ. – El cerco sobre la libertad digital en Rusia se cierra definitivamente. Tras semanas de fallas intermitentes, la Duma (Cámara de Diputados) ha lanzado una advertencia contundente: Telegram dejará de funcionar en todo el país, y a diferencia de otras ocasiones, el uso de redes virtuales privadas (VPN) no será suficiente para burlar la restricción técnica.
Las quejas se multiplican por miles en Moscú y San Petersburgo, donde los usuarios reportan una ralentización extrema que impide el envío de mensajes y archivos. Esta ofensiva judicial contra la plataforma de Pável Dúrov marca el capítulo final de una batalla por el control de los datos y la privacidad de una audiencia estimada en 100 millones de personas.
El conflicto: Privacidad vs. control estatal
La justicia rusa fundamenta su ataque en dos frentes: la supuesta proliferación de delitos y estafas dentro de la app, y la exigencia legal de que Telegram localice sus servidores dentro de territorio ruso. De ceder a esta última demanda, la empresa entregaría de facto el acceso a los datos de los usuarios al Estado, algo a lo que Dúrov se ha negado sistemáticamente bajo el argumento de proteger la libertad de expresión.
Un país desconectado: El efecto dominó
La estrategia de Moscú ha sido gradual pero letal. El proceso de ralentización, que comenzó a notarse con fuerza en febrero, siguió al bloqueo de WhatsApp, que hasta hace poco era el servicio de mensajería más popular en el país. Al inhabilitar Telegram, el Kremlin busca eliminar el último gran refugio de comunicación masiva no controlada directamente por las autoridades nacionales.
