SANTO DOMINGO.– República Dominicana avanzó al Nivel 2 en la más reciente evaluación estadounidense sobre trata de personas, luego de que las autoridades incrementaran las investigaciones, procesamientos, inspecciones laborales y medidas de protección a víctimas de este delito.
Entre los principales avances señalados figuran 229 investigaciones por trata de personas, 50 sospechosos procesados, ocho funcionarios investigados por presunta complicidad y procesos judiciales abiertos contra tres de ellos.
El Gobierno dominicano atribuyó el cambio de categoría a una serie de medidas adoptadas durante el período evaluado, que abarcan modificaciones legales, persecución penal, prevención del trabajo forzoso, identificación de víctimas y ampliación de los mecanismos de asistencia.
Cambios a la legislación contra la trata
Una de las medidas resaltadas es la modificación de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, con el objetivo de eliminar el requisito de demostrar fuerza, fraude o coacción cuando los delitos de trata involucran a menores de edad.
La modificación busca adecuar la legislación dominicana a los estándares internacionales, particularmente en los casos relacionados con explotación sexual infantil.
También fue aprobado y financiado con recursos del presupuesto nacional el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025-2028, destinado a coordinar las políticas públicas de prevención, persecución penal y protección de las víctimas.
Dentro de las medidas institucionales también figura la adopción de la Resolución 13-2024, que establece un procedimiento para la entrega de tarjetas de identificación a personas apátridas.
El Gobierno indicó además que representantes de la sociedad civil y sobrevivientes de trata fueron consultados durante el proceso de modificación de la Ley 137-03.
229 investigaciones y 50 procesados
En materia de persecución penal, las autoridades dominicanas iniciaron 229 investigaciones relacionadas con trata de personas y procesaron a 50 sospechosos bajo la legislación especializada.
El informe también recoge investigaciones sobre posibles casos de complicidad dentro de las propias instituciones estatales.
En total, fueron investigados ocho funcionarios por presunta vinculación con actividades relacionadas con la trata, mientras que tres de ellos fueron sometidos a procesos judiciales, incluidos integrantes de organismos de seguridad.
Las investigaciones y sometimientos no implican culpabilidad y los señalados mantienen la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva.
Más de 1,000 inspecciones laborales
Otro de los aspectos destacados corresponde a las actuaciones del Ministerio de Trabajo en sectores considerados vulnerables al trabajo forzoso y otras formas de explotación.
Las autoridades realizaron 1,050 inspecciones laborales en actividades como agricultura, construcción e industria azucarera.
Como resultado de esas intervenciones, fueron suspendidas las operaciones de 11 empresas privadas en las que las autoridades detectaron indicios de trabajo forzoso.
Las inspecciones forman parte de una estrategia dirigida a identificar posibles víctimas en sectores donde participan trabajadores en condiciones de mayor vulnerabilidad económica o migratoria.
Más de 7,400 trabajadores fueron formalizados
El Gobierno también destacó los resultados de un programa piloto de registro migratorio mediante el cual más de 7,400 trabajadores fueron formalizados a través de contratos laborales.
La medida busca reducir las condiciones que pueden aumentar la vulnerabilidad de trabajadores extranjeros frente a situaciones de explotación, además de facilitar su movilidad y establecer con mayor claridad la relación contractual con sus empleadores.
La trata laboral constituye una de las modalidades abordadas por las políticas gubernamentales junto con la explotación sexual y otras formas de sometimiento.
Identificaron 136 víctimas
Durante el período evaluado, las autoridades identificaron 136 víctimas de trata de personas.
De ese grupo, 134 recibieron asistencia integral financiada por el Estado, que incluyó servicios médicos, atención psicológica, orientación legal y servicios de traducción.
La asistencia fue coordinada por instituciones como la Procuraduría General de la República, el Ministerio de la Mujer y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).
También continuaron funcionando refugios especializados para víctimas, mientras se mantuvieron mecanismos de protección y acompañamiento durante los procesos judiciales.
Las autoridades desarrollaron además campañas preventivas en varios idiomas y programas de capacitación dirigidos a miembros de los organismos encargados de perseguir este tipo de delitos.
