El Ministerio Público ha anunciado la acusación formal contra un grupo de militares y civiles por conformar una supuesta red criminal dedicada a estafar al Estado dominicano. Este esquema operaba mediante la exigencia de sobornos y la manipulación de contratos para favorecer a la empresa de seguridad privada Servicio Nacional de Seguridad Integral SRL (Senase).
Según la investigación de los fiscales, Senase habría pagado al menos RD$ 108 millones en sobornos a funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las distribuidoras de electricidad Edenorte, Edesur y Edeeste entre los años 2012 y principios de 2025.
Los presuntos beneficiarios de la red
La solicitud de medida de coerción detalla que Senase, propiedad de Quilvio Bienvenido Rodríguez González (imputado principal), pagaba a los funcionarios entre un 5% y un 10% del valor total de la facturación mensual para asegurar la continuidad de los contratos. Este modelo se replicaba en las diversas entidades públicas.
El individuo que, según el Ministerio Público, obtuvo los mayores beneficios de esta supuesta red de corrupción fue Bolívar Nicolás Fernández Espinal, quien habría recibido más de RD$ 35.3 millones en sobornos entre 2020 y 2025. Los pagos a Fernández Espinal tenían el propósito de «asegurar la gestión oportuna del pago de facturas» y «garantizar la omisión sostenida y reiterada de sus deberes de supervisión y vigilancia» sobre la ejecución de los servicios de Senase en Edenorte.
Otro de los «agraciados» en Edenorte fue Andrés Pacheco Varela, quien entre 2017 y 2020 habría recibido casi RD$ 5.2 millones en una de sus cuentas bancarias, transferidos por Senase.
Sobornos detallados por institución
INAIPI: Los fiscales detallaron que en septiembre de 2022, Rodríguez González contactó a Wellington Peralta Santos, empleado del departamento de seguridad del Inaipi, para conocer las condiciones de una licitación. Peralta Santos habría solicitado un soborno para un «trato privilegiado» para Senase. Inicialmente, rechazó RD$ 100 mil, acordando posteriormente por RD$ 200 mil. Una segunda etapa involucró a Francisco Guarín Fernández Vázquez, otro empleado de seguridad del Inaipi, quien exigió entre el 7% y 8% de cada factura bajo amenaza de no ejecutar el contrato. Las transferencias identificadas a funcionarios del Inaipi ascienden a más de RD$ 12.8 millones.
EDEESTE: Al ser designado director de Seguridad Física de Edeeste en octubre de 2020, Luis Ernesto Vicioso Bocio habría contactado a Rodríguez González y, tras semanas de insistencia, acordó recibir sobornos mensuales desde enero hasta junio de 2021, sumando un total de RD$ 1,655,000.00 a cambio de «agilizar» los pagos. Asimismo, en 2015, Ramón Quezada Ortiz exigió RD$ 100 mil por cada factura pagada a Senase para permitir la continuidad de los pagos y evitar «supervisiones rigurosas». Quezada Ortiz recibió estos pagos hasta 2020. Durante el mismo período, Daniel Martínez, director de Seguridad Física de Edeeste, también solicitó y recibió un soborno adicional de RD$ 150 mil bajo el mismo esquema.
EDESUR: Los registros financieros indican que los sobornos entregados por Senase a funcionarios relacionados con Edesur ascienden a más de RD$ 15 millones. Entre los receptores identificados están: Viterbo Arias (RD$ 7,144,691.80), Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar (RD$ 2,598,216.04), Carlos Ambrosio Robles Díaz (RD$ 533,195.97), Cristóbal Cruz Díaz (RD$ 180,053.13) y Pablo Alexis Martínez Garcés (RD$ 100,000.00).
SENASA: En 2016, cuando Elías Caamaño Pérez fue designado encargado del Departamento de Seguridad Física del Senasa, contactó a Rodríguez González. Según el expediente, entre 2016 y 2019, Rodríguez González entregó a Caamaño Pérez alrededor de RD$ 3.03 millones.
