Santo Domingo, RD- La Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís está creando un récord difícil de romper al reenviar una vez más el juicio de fondo contra el suspendido alcalde de La Romana, Juan Antonio Adames. Adames enfrenta acusaciones de desfalco al Estado por 200 millones de pesos durante su gestión al frente del ayuntamiento de La Romana durante el período 2010-2016.
Este caso, que lleva más de 10 años en los tribunales, ha experimentado más de 200 reenvíos desde 2013 hasta la fecha, sin un desenlace definitivo. La audiencia más reciente, programada para el cuatro de enero de 2024, fue aplazada debido a la ausencia de una jueza integrante, quien había conocido el proceso en la etapa preliminar, y la falta de disponibilidad de otros jueces. No se fijaron citas para una nueva audiencia.
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Juan Antonio Adames está acusado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) de desfalcar al Estado por 200 millones de pesos durante su mandato como alcalde de La Romana. El expediente fue presentado en 2013, y después de una década, aún no hay una decisión judicial.
Las acusaciones incluyen falsificación y uso de documentos, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores en perjuicio del Estado dominicano, según lo establecido en el expediente acusatorio No. 334-2022-EPEN-00896. Las violaciones alegadas corresponden a los artículos 123, 145, 150, 151, 166, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
Próximo Fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ):
El 15 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia emitirá un fallo sobre el recurso interpuesto por los abogados de Adames para la anulación de la sentencia de dos años en su contra. Este recurso es crucial para el futuro del suspendido alcalde, ya que determinará si puede conservar la libertad provisional otorgada desde el 31 de octubre y continuar su campaña para la alcaldía por el Partido Reformista-La Romana en las elecciones de 2024.
En caso de un fallo desfavorable, Adames podría regresar a prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama, en La Romana, pero el delito cometido es correccional y no lo inhabilita para continuar su campaña electoral tras las rejas.
