SANTO DOMINGO, R.D. – La República Dominicana se mueve, pero la dirección es incierta. El caos vehicular se ha normalizado, con más de 6 millones de vehículos colapsando las calles en un escenario de desorden, falta de inspección, licencias ausentes y, en demasiados casos, vehículos sin frenos ni luces. La paradoja es que la solución a este desastre no reside en la invención de nuevas medidas o en operativos improvisados, sino en la aplicación de dos instrumentos legales ya existentes desde hace años: la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y la Ley 358-05 de Protección al Consumidor y Usuario.
Ambas leyes establecen, con claridad, las condiciones para un sistema vial funcional, seguro y justo. El problema no es una legislación deficiente, sino la alarmante falta de su cumplimiento.
La Ley 63-17: Una promesa de orden ignorada por ocho años
Promulgada en febrero de 2017, la Ley 63-17 fue diseñada para corregir décadas de abandono normativo y suplir las debilidades del sistema anterior. Su alcance es amplio, regulando desde la inspección técnica de vehículos hasta la educación vial, sanciones, licencias, transporte público y la responsabilidad institucional del INTRANT, DIGESETT y los ayuntamientos.
Sin embargo, ocho años después de su promulgación, las estadísticas delatan el fracaso de su implementación:
- Más de 3,100 muertes anuales por accidentes de tránsito.
- Más de 3.5 millones de motocicletas, de las cuales menos del 1% están debidamente licenciadas.
- Miles de vehículos desechados en países como EE.UU., Corea y Japón circulan libremente por las calles dominicanas.
- Un sistema de licencias y multas que, en la práctica, no corrige, no educa y no previene.
La ley que prohíbe importar basura automotriz (y nadie aplica)
La Ley 358-05 de Protección al Consumidor y Usuario, en sus artículos 40 y 103, prohíbe explícitamente la importación de productos cuya comercialización, uso o consumo estén prohibidos en su país de origen por razones de salud, seguridad o medioambiente. Esto debería impedir la entrada de vehículos descartados por defectos graves.
No obstante, la realidad es que se permite el ingreso masivo de autos con historiales de accidentes fatales, fallos estructurales, sistemas de freno dañados o airbags desactivados.
¿El resultado? Autos reciclados como taxis, Uber o carros públicos, que representan un riesgo de muerte para los usuarios, una estafa al consumidor y un colapso ambiental. La contradicción es grave: una ley prohíbe la importación, otra regula la circulación, y ninguna de las dos se cumple.
La Inspección Técnica de Vehículos (ITV): Una promesa siempre postergada
La Inspección Técnica Vehicular, prevista entre los artículos 175 al 183 de la Ley 63-17, sería la herramienta clave para depurar el parque vehicular. Sin embargo, desde 2018, al menos cuatro gobiernos han prometido implementarla sin éxito.
La realidad es desoladora:
- No existe un centro nacional homologado para la ITV.
- No hay un marco de ejecución técnica real.
- No se sanciona la circulación de vehículos en mal estado.
Mientras tanto, los autos «salvaged» (siniestrados y desechados) se importan sin control, como «arroz», y son revendidos impunemente como “vehículos reacondicionados”. Modelos como el Hyundai Sonata, el Kia K5 y el Honda Civic, de bajo costo y fáciles de adquirir, dominan el parque de autos usados importados. Muchos de ellos llegan con documentación falsa o incompleta y son utilizados frecuentemente en delitos, perpetuando el ciclo de ilegalidad y riesgo.
La epidemia de las motocicletas y el control ausente
El problema se agrava exponencialmente con las motocicletas. De los casi 3.5 millones registradas, apenas 10,827 tienen licencia válida. El resto circula sin matrícula, sin casco, sin seguro y sin la más mínima noción de la Ley que los regula.
Las cifras son contundentes: en 2024, el 65.5% de las muertes por accidentes de tránsito fueron de motoristas, y el 83% de los infractores reeducados eran motociclistas. A pesar de que la Ley 63-17 exige licencia, casco, examen práctico, seguro y reeducación obligatoria, estas disposiciones existen solo en el papel.
Licencias ineficaces y sanciones sin dolor
Aunque la Ley 63-17 establece un sistema de puntos, suspensión y reeducación para las licencias, la práctica dista mucho de la norma:
- Se otorgan licencias sin exámenes prácticos reales.
- No hay cruce de datos efectivo entre el INTRANT, la DGII, las aseguradoras y las multas.
- Un conductor puede acumular múltiples infracciones sin perder el derecho a conducir.
El sistema actual, en lugar de filtrar y corregir, perpetúa el caos. Las sanciones existen, pero al no aplicarse de manera efectiva, no generan consecuencias reales, convirtiendo la norma en papel mojado.
Incentivos ignorados y la omisión del Estado
La Ley 63-17 no solo contempla castigos, sino también beneficios e incentivos que podrían impulsar un cambio positivo, como la reducción de multas por programas de reeducación, incentivos por buen historial de conducción y puntos positivos para renovaciones de licencia más fáciles. Sin embargo, estas medidas nunca se han activado. La ley podría educar, pero se ha optado por no usarla.
La República Dominicana no necesita nuevas leyes para resolver su crisis vial. Solo necesita aplicar las que ya existen. La desidia institucional, la posible captura de políticas públicas por intereses económicos y la flagrante falta de fiscalización han permitido que cada año mueran más de 3,000 personas en las calles. No se trata solo de tránsito; se trata de vidas, de respeto y de Estado de derecho.
La solución no requiere ni creatividad ni reformas profundas. Está en blanco y negro desde hace años: prohibir la importación de chatarras automotrices, aplicar inspecciones técnicas, exigir licencias reales, retirar vehículos inseguros, educar al conductor y sancionar al infractor. Lo que falta no es legislación; lo que falta es un gobierno que haga cumplir la ley, ciudadanos conscientes y medios que mantengan vivo este debate.
¿Y si simplemente cumpliéramos la ley?
Cuadro comparativo de sanciones (Ley 63-17)
