Santo Domingo, R.D.– La vicepresidenta Raquel Peña se pronunció este lunes sobre los recientes casos de políticos y allegados vinculados al tráfico de narcóticos, enfatizando que se debe erradicar el narcotráfico de la República Dominicana.
A su salida de la Catedral Primada de América, donde participó en la posesión canónica de monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, la vicemandataria aseguró que “no importa quién sea el acusado” y que si es culpable, “tiene que pagar en la justicia”.
“Nuestro gobierno ha dado muestra de que no hay impunidad, sobre todo del narcotráfico. No importa quién sea, si es culpable tiene que pagar”, declaró la vicepresidenta Peña a los periodistas.
Casos que motivaron las declaraciones
Las declaraciones de la vicepresidenta surgen tras varias revelaciones que han sacudido el ámbito político reciente:
Listín Diario reveló que el regidor Edickson Herrera Silvestre (PRM) y el general retirado William Durán Jerez se declararon culpables de tráfico internacional de cocaína en una corte de EE. UU. Tras esto, el PRM (Partido Revolucionario Moderno), liderado por José Ignacio Paliza (quien también estuvo presente en la ceremonia), anunció la suspensión de la militancia del regidor, reiterando que el partido no apoyará la «impunidad».
Se dio a conocer la participación de Esteffani José Vásquez Amarante, exesposo de la diputada Jacqueline Fernández (PRM), en supuestos vínculos con el tráfico de drogas hacia EE. UU. Vásquez Amarante es investigado por el FBI y su proceso de extradición será conocido este martes en la Suprema Corte de Justicia. La diputada se desligó del caso.
A mediados de octubre, la DNCD informó que el empresario Fabio Augusto Jorge-Puras, exasesor honorífico para las zonas francas, era investigado por la DEA por tráfico de sustancias ilícitas. Fue desvinculado del Gobierno mediante decreto.
El presidente Luis Abinader había expuesto el 15 de septiembre los logros del Gobierno en la lucha contra el tráfico de drogas en los últimos cinco años, destacando el decomiso de 226 mil kilos de drogas y la retención de 182,815 personas, cifras que, según el mandatario, reflejan una firme ofensiva contra la criminalidad.
