Santo Domingo.– La Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) rechazó un anteproyecto de ley sobre regularización de documentos presentado por la diputada oficialista Maribel Almánzar de Ogando y le pidió retirar la iniciativa.
La organización consideró que corresponde a la Junta Central Electoral (JCE) conducir los procesos relacionados con la documentación y la identidad de las personas, por lo que entiende que no es oportuno impulsar una legislación paralela.
Deligne Ascención, vicepresidente ejecutivo del PRM, manifestó que el partido no respalda la propuesta y exhortó a sus legisladores a fortalecer las acciones que desarrolla la JCE.
El vicepresidente del PRM, Eddy Olivares, explicó que el anteproyecto no había sido conocido previamente por la dirección partidaria ni por el bloque de diputados de esa organización.
Olivares sostuvo que la propuesta no representa la posición oficial del partido y consideró que no tendría posibilidades de avanzar en el Congreso Nacional sin el respaldo de la bancada oficialista.
Por su parte, Roberto Fulcar, presidente de la Comisión Nacional de Estrategia del PRM, calificó de inoportuno abordar una iniciativa de esa naturaleza en el contexto político actual.
¿Qué propone el anteproyecto?
La iniciativa de Almánzar plantea establecer un mecanismo especial de documentación para personas que no puedan acreditar jurídicamente la nacionalidad dominicana, pero que hayan desarrollado parte de su vida en el país utilizando documentación nacional.
Entre sus disposiciones figura la posibilidad de emitir una cédula especial de identidad que no otorgaría derecho al voto ni permitiría obtener un pasaporte dominicano.
La propuesta también contempla procedimientos para evaluar situaciones relacionadas con registros civiles, relaciones familiares y otros actos jurídicos previamente realizados.
Sin embargo, la Dirección Ejecutiva del PRM entiende que estos procesos deben continuar bajo los mecanismos institucionales de la Junta Central Electoral.
El anteproyecto no cuenta con el respaldo oficial del partido gobernante y todavía no ha sido aprobado como ley.
