Aurelio Valdez Alcántara sostuvo un encuentro el 13 de marzo con el exgerente de servicio al usuario del Senasa, Roberto Canaán, en el parqueo de un reconocido establecimiento comercial, donde supuestamente utilizó información privilegiada para coaccionarlo.
Según el relato del Ministerio Público, liderado por el procurador adjunto Wilson Camacho, director de persecución del Ministerio Público, el fiscal exigió inicialmente US$200,000 dólares para alterar el curso de una investigación. Tras una negociación, la suma se redujo a US$150,000, pero con exigencias adicionales: un reloj Rolex y un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz, modelo 350 o 450, de color negro. El informe señala que el investigado rechazó ofertas de vehículos de menor gama, como Volvo o Mazda.
El Ministerio Público sostiene que el fiscal mantuvo una «coacción continuada» mediante llamadas telefónicas, presionando al testigo con frases como «¿Para cuándo está la cosa?». Valdez Alcántara habría fijado el 24 de marzo como fecha límite para el pago, advirtiendo que, de no cumplir, procedería con la judicialización del caso del testigo.
Allanamiento «día y noche»
Dada la investidura del investigado y el riesgo de que se destruyan evidencias, la jueza de instrucción especial, Isis Muñiz Almonte, autorizó el allanamiento en el domicilio del fiscal, ubicado en el Residencial Amanda II, Santo Domingo Este.
El fiscal enfrenta cargos preliminares por violación a los artículos 174, 177 y 178 del Código Penal Dominicano (relativos a la corrupción y cohecho) y múltiples artículos de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. La autorización de la jueza de la instrucción especial se fundamenta en pruebas incipientes, incluyendo una nota de inteligencia y una autorización de entrega vigilada de dinero emitida previamente el 27 de marzo.
