Naciones Unidas, 5 ene (EFE).– La mayoría de los países que intervinieron en la reunión de urgencia que celebró hoy el Consejo de Seguridad de la ONU condenaron la operación militar estadounidense en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, mientras que Argentina la respaldó y otras naciones se limitaron a pedir respeto a la soberanía y una transición pacífica.
Washington, impermeable a las críticas, aseguró que no se trató de un acto de guerra, sino de una acción «necesaria y legítima».
«No hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando ningún país», aseveró el embajador de EE.UU. ante el organismo, Mike Waltz, puntualizando que Maduro es «un narcotraficante acusado» y «un presidente ilegítimo».
Minutos antes, al comienzo de la sesión, el secretario general de la ONU, António Guterres, alertaba sobre el riesgo de que crezca la inestabilidad interna en Venezuela y el posible impacto regional que esto conllevaría, pidiendo un «diálogo inclusivo y democrático».
En el momento de su intervención, leída por la subsecretaria general para Asuntos Políticos, Rosemary A. DiCarlo, Maduro y Flores se preparaban para comparecer por primera vez ante un tribunal federal estadounidense en Nueva York, donde se declararían no culpables de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas, tras ser capturados en Caracas.
Maduro indicó que sigue siendo el presidente de Venezuela y que es un «prisionero de guerra», mientras que el embajador venezolano, Samuel Moncada, denunciaba ante el Consejo la «violación flagrante» del derecho internacional por parte de Estados Unidos y reivindicaba el respeto a la inmunidad, la liberación y retorno del dirigente.
Guterres pide respeto al derecho internacional
El jefe de la ONU también pidió respeto por el derecho internacional, que «prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados», en un discurso llamado a rebajar la escalada retórica, aunque luego dio paso a intervenciones más duras, como la de Rusia, la delegación más contundente contra Washington.
Su embajador ante la ONU, Vasili Nebenzia, tildó la operación estadounidense de «criminal», exigió la liberación inmediata de Maduro y Flores y denunció que lo que Washington busca es controlar los recursos naturales de Venezuela.
Nebenzia criticó los «fines hegemónicos» estadounidenses en la región y denunció que ese país aplica «de forma selectiva» el «orden mundial basado en reglas».
También fue enérgica en su condena la representante colombiana, Leonor Zalabata, que alertó de que la acción militar comandada por Donald Trump «sienta un precedente profundamente preocupante para el orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial», aunque pidió «abrir caminos de democracia en Venezuela».
China subrayó que EE.UU. «pisoteó» la soberanía venezolana, además de pedir la liberación de Maduro y su esposa y que se respete la Carta de la ONU.
Otros países presentes, incluidos varios europeos y latinoamericanos, condenaron la acción de forma más diplomática y pidieron moderación, diálogo y protección de la población civil.
Llamados al diálogo y el apoyo de Argentina a EE. UU.
El representante británico, James Kariuki, afirmó que su país desea ver una «transición segura y pacífica hacia un gobierno legítimo».
Francia, por su parte, dijo que la operación estadounidense «afecta negativamente a la paz y seguridad internacional» y exhortó a una transición «pacífica y democrática».
Destacó también que Argentina, representada por Francisco Tropepi, apoyase abiertamente la operación de Trump, calificando a Maduro de «dictador» y afirmando que su régimen es una amenaza directa para la región.
Tropepi valoró la determinación de Estados Unidos y defendió la captura del presidente venezolano como «una medida para proteger la seguridad y estabilidad regional».
En el lado opuesto, Cuba calificó la captura de Maduro como un «acto inaceptable y bárbaro» mientras su representante, Ernesto Soberón, denunciaba que Washington quiere imponer un «Gobierno títere» para controlar los recursos naturales de Venezuela.
El representante español, Héctor Gómez Hernández, mencionó que la intervención estadounidense constituye «un precedente muy preocupante» y recordó que los recursos naturales de Venezuela forman parte de su soberanía.
También intervino México, que reiteró su condena a la acción militar del 3 de enero, calificándola como una violación del artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas.
