San Juan.– Las cuatro mujeres haitianas halladas recientemente decapitadas en la frontera entre Haití y República Dominicana habían sido deportadas hace pocos meses de Puerto Rico, en el marco de las redadas impulsadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.
«Las cuatro llevaban dos semanas desaparecidas. Una de ellas fue deportada hace dos meses y las otras fueron deportadas hace tres meses y quince días». Confirmó este martes a EFE Leonard Prophil, líder comunitario y portavoz de los haitianos en Puerto Rico, a quien contactaron los familiares de las víctimas para que les ayudara a dar con su paradero.
Prophil explicó que las bandas secuestran a las mujeres, como a estas cuatro jóvenes de entre 27 y 31 años que fueron asesinadas, para «pedir una cantidad de dinero de rescate a sus familiares» que viven en Estados Unidos. «Dejen a esta gente tranquila ya. Deportar a estas personas supone condenarlas a la muerte», clamó el compatriota de las migrantes asesinadas en la localidad dominicana de Elías Piña, fronteriza con Haití.
Acciones de la autoridad De acuerdo a Prophil, las mujeres llegaron a Puerto Rico en diciembre de 2024 y vivían en Barrio Obrero y Puerto Nuevo, dos barrios con gran cantidad de población migrante en San Juan. Relacionado con el asesinato de estas mujeres, las autoridades dominicanas informaron ayer que el Ejército detuvo en Elías Piña a un haitiano identificado como Chin Laduse.
La mayoría de los haitianos y dominicanos surca el mar Caribe que separa a Puerto Rico de la Española, en las embarcaciones llamadas ‘yolas’, arriesgando su vida en busca de un futuro con mejores oportunidades. «Si el Gobierno quiere, que ayude a estas personas para que se puedan legalizar porque cada vez que deportan a una persona así, están apoyando la cultura de la muerte», sentenció Prophil.
Las autoridades federales realizan redadas para detener a inmigrantes en el archipiélago, que es un Estado Libre Asociado a EE.UU., y calculan que hay unos 20,000 indocumentados. El Gobierno de Puerto Rico facilitó, además, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) información confidencial de unas 6,000 personas inmigrantes con estatus irregular que se registraron en el pasado para obtener licencias de conducir.
