SANTO DOMINGO.— El Ministerio Público solicitó condenas de hasta 20 años de prisión contra Jairo Joel González Durán y sus coacusados, acusados de cometer estafa por más de US$15 millones, RD$34 millones y 3 millones en criptomonedas. Los procesados enfrentan cargos por asociación de malhechores, estafa, uso de medios electrónicos para delinquir y lavado de activos.
El órgano acusador, representado por un equipo de fiscales, expuso ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que la acusación fue probada “más allá de toda duda razonable” contra Jairo Joel González Durán, Kelmin Santos Rodríguez, Leandro González Espinal, Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez.
Detalles de la acusación y condenas solicitadas
El Ministerio Público detalló las sentencias solicitadas para los acusados, de acuerdo con su nivel de implicación en la red:
- Jairo Joel González Durán: Solicitó 20 años de prisión, el pago de 400 salarios mínimos, multa adicional, la inhabilitación permanente para ocupar funciones en el mercado financiero y de valores, así como el decomiso de los bienes adquiridos de forma ilícita.
- Kelmin Santos Rodríguez y Leandro González Espinal: Se pidió una condena de 10 años de prisión, el pago de 200 salarios mínimos y la inhabilitación permanente.
- Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez: El Ministerio Público solicitó 5 años de prisión, el pago de 200 salarios mínimos y la inhabilitación por diez años para ocupar funciones relacionadas.
Además, el órgano acusador pidió que se ordene el decomiso de bienes adquiridos con los fondos ilícitos, incluyendo apartamentos en el Distrito Nacional y Playa Nueva Romana, y vehículos de lujo como un Lamborghini Urus 2019, un Audi Q8 2020 y una Lincoln Navigator 2021.
Modus operandi y pruebas presentadas
Según la acusación, los imputados iniciaron un negocio de captación de recursos de terceros a través de plataformas digitales, induciendo a más de 400 víctimas a creer que se trataba de operaciones seguras, a pesar de no contar con la debida autorización. Los fondos, una vez obtenidos, eran presuntamente ocultados a través de maniobras fraudulentas propias del lavado de activos.
El juicio, que inició el pasado 28 de abril, continuará el próximo miércoles con las conclusiones de las partes querellantes y las defensas.
