SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público presentó 168 pruebas testimoniales en la acusación formal del expediente del caso Calamar, con lo que pretende demostrar las acusaciones contra 46 acusados.
Uno de los testimonios es el de Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo quien fungía como contacto directo del acusado Ángel Donald Guerrero Ortíz y la estructura no gubernamental. Como también el documento prueba que el imputado operaba la estructura encabezada por los acusados José Ramón Fco. De Jesús Peralta Fernández, Ángel Donald Guerrero Ortíz y Gonzalo Castillo Terrero.
Con el testimonio de Fernando Crisóstomo Herrera, el Ministerio Público asegura que pudo comprobar que el imputado operaba desde la parte no gubernamental, siendo el brazo operativo del entramado de corrupción para distraer fondos del patrimonio público a través de presupuestos y cubicaciones adulteradas.
El órgano persecutor comprobó en el expediente con el testimonio de José Arturo Ureña Pérez que este era otro de los contactos directos de los principales acusados en el caso.
Francisco Pagán Rodríguez, quien era director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Con su testimonio el MP dice que revisó que junto a los principales acusados utilizaron las empresas del señor (Diseño de Obras de Infraestructura con Tecnología Avanzada (DOITECA) S.R.L, Construcciones y Diseño R.M.N S.R.L, Consorcio Tecnológico de la Construcción (CTC), así como Diseño y Presupuestos de Edificaciones y Carretera con Alta tecnología (DIPRECALT) S.R.L) para distraer fondos del patrimonio público, por orden de los principales acusados.
Otros testimonios que constan en el expediente son el de los imputados Franklins Vladímir Ortega López, Wilfredo Arturo González Castillo, Luis Conrado Ruíz Valdez, Rafael Antonio Cruz Tavárez, Alba Iris Zabala Lorenzo, Mildred Consuelo Burgos de Monegro, Mizraim Amiher Santos de Hernández, quienes alegadamente forman parte del entramado de corrupción de acuerdo con el MP y se dedicaban a desviar fondos del estado haciendo compras ilícitas y otros actos de corrupción.
De acuerdo con el documento, en el testimonio se comprobó que los imputados: Wilmer Vicente Ozuna Piñeyro, Alexis Rincón, Jorge Cecilio Mena Jiménez, Luis Joaquín Feliz Peña, quienes eran empleados de Anderson Steve Acevedo Peña, transportaban dinero en efectivo hacia la oficina del señor Bolívar Ventura Rodríguez y en una ocasión por instrucciones de su jefe, Alexis Rincón, entregó en el sótano de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) dos fundas plásticas negras cada una de veinticinco millones de pesos (DOP $25,000,000,00) en efectivo los cuales fueron entregados a Bolívar Ventura Rodríguez.
Con el testimonio de Battesimo Bruno Palamara Mieses, el MP dice que comprobó que el mismo participó en todo el proceso ilícito que realizaron los acusados para la compra fraudulenta de los terrenos propiedad de los señores Battesimo Bruno Palamara, Battesimo Palamara Mieses, Sandra Aracelis Palamara Mieses, Angiolina Celeste Palamara M Del Gatto y Gemma del Carmen Palamara Mieses de Winter.
Otros testimonios donde los imputados son acusados de compra ilícita de terrenos son: Gloria Mercedes Abreu Valdez, Enrique Roberto López Abreu, Ruddy Nelson Frías Ángeles, Santo Reyes.
El Ministerio Público señala a los 46 acusados incluidos en la Operación Calamar, entre los cuales hay 34 personas físicas y 12 empresas, de formar una estructura delictiva o “holding criminal” que le costó al Estado dominicano 21 mil millones de pesos en recursos pagados en violación a la ley.
Asimismo alega que esta estructura se configuró a partir del Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, Dirección General de Bienes Nacionales, Consejo Estatal del Azúcar, Dirección General de Catastro Nacional, Banco de Reservas y Dirección General de Presupuesto, con el objetivo de estafar y desfalcar al Estado Dominicano.
Supuestamente, los acusados constriñeron a empresarios a cederle parte de su contrato, de lo contrario no seguirían siendo suplidores del Estado. De acuerdo con el MP, utilizaron esquemas empresariales tradicionales para hacer operaciones de lavado de activos al más alto nivel.
También adulteraron fecha de registro y de firma de contrato para lavar activos a través de empresas que recibieron cantidades exorbitantes del patrimonio público, por medio de contratos de negociación simulados y accedieron a préstamos y líneas de créditos, que en algunos casos excedieron los 45 millones de dólares, sin ninguna garantía.
Según la acusación formal obtenida falsearon la declaración jurada de bienes para poder ocultar los fondos ilícitos que habían obtenido y Aprovecharon los conocimientos que tenían sobre el manejo de la administración pública para violentar sus procedimientos y cometer ilícitos penales en beneficio de los miembros de la organización criminal y sus relacionados.
