Santo Domingo. — Un fenómeno creciente preocupa a las autoridades y al sector comercial: numerosos motoristas están optando por abandonar sus motocicletas retenidas por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), debido a que, en muchos casos, resulta más económico adquirir una nueva unidad que enfrentar los costos y trámites para recuperar la incautada.
La situación fue expuesta por el legislador de la Fuerza del Pueblo y proponente de la Ley 63-17, Tobías Crespo, quien calificó el escenario como un “cuello de botella” que el Estado debe destrabar con urgencia. Según explicó el congresista, muchos conductores han saldado gran parte del financiamiento; sin embargo, al sumar lo que resta por pagar más los costos administrativos, multas y trámites burocráticos, prefieren dejar el vehículo retenido y adquirir otro bajo nuevas facilidades de crédito.
“Muchos han pagado la mayor parte del motor, pero lo que les falta por saldar, sumado a los trámites y costos adicionales, los lleva a preferir sacar uno nuevo y dejar el retenido perdido”, sostuvo Crespo.
Impacto en dealers y vacíos regulatorios
El legislador advirtió que la problemática no solo afecta a los conductores, sino también a los dealers, que en numerosos casos no logran cobrar el 100 % del valor financiado ni completar la documentación formal. Crespo señaló que, debido al bajo costo relativo de las motocicletas, existe una amplia facilidad de importación y financiamiento, lo que incentiva la compra rápida sin completar procesos como matrícula, placa o póliza de seguro.
Ante este panorama, propuso establecer un mecanismo de emisión de matrícula con retención. Asimismo, consideró que la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas deben asumir un rol más activo en la regulación integral del sector.
Seguridad vial y cumplimiento de la ley
En materia de seguridad, el congresista recordó que la Ley 63-17 establece, entre los artículos 75 al 79, la obligatoriedad del uso de casco protector tanto para conductor como pasajero, así como la prohibición de transportar menores de ocho años. No obstante, criticó la falta de aplicación efectiva de la normativa por parte de la Digesett, la Policía y los ayuntamientos.
Componente social y político
Crespo también subrayó el componente social del fenómeno, indicando que la mayoría de los motociclistas son padres de familia que dependen de ingresos diarios. “Hay un componente político, social, económico y humano; son muchos y son muchos votos”, expresó, resaltando la complejidad del tema en el debate público.
