Santo Domingo.– La contratación de servicios legales especializados para la representación y defensa del Estado dominicano en un procedimiento de arbitraje de inversión, gestionada por el Ministerio de Cultura, que dirige Roberto Ángel Salcedo, ha generado interrogantes y suspicacias debido al monto involucrado y al mecanismo utilizado para su ejecución.
De acuerdo con documentos oficiales del proceso CULTURA-CCC-PEOR-2026-0001, se trata de una contratación realizada bajo la modalidad de proceso de excepción, con un monto estimado de 1,003,000 dólares estadounidenses, equivalente a más de RD$63 millones a la tasa aproximada actual.
El expediente indica que la solicitud fue tramitada por el Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio de Cultura, y tiene como objetivo la defensa del Estado en un arbitraje de inversión.
Diversos sectores han expresado preocupación por el uso de procesos de excepción, un mecanismo que, si bien está contemplado en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, reduce los niveles de competencia abierta.
Especialistas en transparencia han señalado que sería pertinente que las autoridades ofrezcan detalles sobre las razones que justifican la excepción, los criterios de selección de la firma y el alcance del arbitraje internacional.
La licitación se produce en un momento en que la sociedad demanda mayor transparencia en el uso de los recursos públicos, especialmente en instituciones culturales cuyo presupuesto suele destinarse a programas artísticos y educativos. Analistas consideran que la opinión pública tiene derecho a conocer el impacto potencial para las finanzas del Estado.
Hasta el momento, el Ministerio de Cultura no ha ofrecido una explicación pública detallada sobre la naturaleza específica del arbitraje de inversión que da origen a la contratación.
