Al menos 3.000 personas, entre miembros de colectivos civiles y simpatizantes del candidato ultraconservador Rafael López Aliaga, se manifestaron este domingo en Lima para exigir que se respete su voto en las elecciones presidenciales de Perú, constató la AFP.
La protesta se produce en medio de severos cuestionamientos de «fraude» contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por las presuntas irregularidades en la organización y la logística. Al grito de «no al fraude, el voto se respeta», manifestantes con banderas y carteles se congregaron en la avenida La Peruanidad, cerca de la sede de la ONPE.
«Estas elecciones ya son un fraude, pero no lo quieren aceptar; vamos a luchar por nuestros votos», dijo a la AFP Edith Valverde, de 64 años. López Aliaga, exalcalde de Lima, es el candidato más crítico del proceso y pide su «nulidad absoluta». Ha ofrecido recompensas de 5.800 dólares a quien le envíe pruebas de irregularidades.
«Hermanos nos están robando el país. Lo que estamos sufriendo ahora estaba planeado. Nunca en la historia del Perú se ha visto eso», dijo Aliaga convocante de la protesta. Una misión de observadores de la Unión Europea informó que no encontró elementos que sustenten una «narrativa de fraude».
El Jurado Nacional de Elecciones anunció el sábado que los resultados presidenciales que definirán quiénes pasarán a la segunda vuelta se conocerán a mediados de mayo, debido a la lentitud del conteo y la observación de miles de actas electorales. «No estamos de acuerdo con el conteo de votos porque hay muchas irregularidades», dijo a la AFP Víctor Suárez de 40 años.
Con 93,4% de las actas contabilizadas, los resultados parciales de la elección del domingo pasado dan como favorita para el balotaje a la derechista Keiko Fujimori, con 17% de los sufragios. El izquierdista radical Roberto Sánchez (12%) y Aliaga (11,9%) pelean codo a codo su pase a la segunda vuelta. La distancia entre ambos se amplió ligeramente este domingo, pero aún es ínfima: 14.000 votos.
Las presidenciales del 12 de abril estuvieron marcadas por problemas en la distribución de urnas y papeletas de votación, lo que retrasó la apertura de la jornada en varios centros electorales en Lima. La autoridad electoral tuvo que ampliar hasta el lunes la votación para más de 50.000 peruanos que no pudieron sufragar en 13 locales.
Fiscales y policías intervinieron las instalaciones de la ONPE y el jefe del organismo, Piero Corvetto, fue denunciado por el Jurado Nacional de Elecciones, junto a otros tres funcionarios, por supuestos delitos contra el sufragio.
