Santo Domingo, RD – El Ministerio de Administración Pública (MAP), mediante la Resolución No. 316-2024, ha autorizado la descentralización del cálculo y pago de beneficios y prestaciones laborales en las instituciones del Estado, incluyendo entidades descentralizadas.
A partir del 19 de octubre, cada oficina de recursos humanos será responsable de gestionar los beneficios de los servidores públicos desvinculados, en casos de retiro, fallecimiento o pensión.
Gestión y responsabilidad de las instituciones
La resolución, firmada por el ministro Sigmund Freund, establece que los titulares de las áreas administrativas y financieras deben asegurar el cumplimiento legal y reglamentario en el cálculo de beneficios. Este proceso incluirá el uso del Sistema de Reclamación Laboral (Reclasoft), una plataforma del MAP que permite la gestión eficiente y transparente de los pagos a exservidores públicos. En el Reclasoft, las instituciones deben cargar la hoja de cálculos firmada y sellada por las autoridades correspondientes.
Requisitos y control de documentación
Para la emisión de los beneficios laborales, los empleados desvinculados deberán presentar:
- Cédula de identidad
- Certificación de cargo con constancia de vacaciones no disfrutadas
- Carta de desvinculación, incluyendo renuncia o acta de defunción cuando sea aplicable.
Asimismo, todos los cálculos realizados serán remitidos de forma digital al MAP para registro y control, permitiendo al ministerio un monitoreo constante y unificación de datos a nivel nacional.
Reclamaciones y conciliación
En caso de inconformidades, la normativa establece que el empleado o la institución pueden presentar una reclamación formal ante la entidad en la que se prestaron los servicios, dentro de un plazo de 15 días. Si el conflicto persiste, el caso puede ser elevado al MAP, que actuará como conciliador mediante su Comisión de Personal, evaluando los detalles y documentos proporcionados para decidir la mejor vía de resolución.
Ventajas de la descentralización
Esta nueva política busca agilizar la administración y el pago de prestaciones laborales en el sector público, reduciendo tiempos de espera y facilitando una respuesta directa y rápida ante las desvinculaciones. Con esta descentralización, cada institución tendrá mayor control y responsabilidad financiera en la asignación y administración de recursos para beneficios laborales, en coordinación con la Contraloría General de la República.
