Una nueva propuesta legislativa en el Senado de la República busca regular las condiciones laborales de los repartidores y conductores afiliados a plataformas digitales como Uber, Uber Eats, Indriver, Didi y Pedidos Ya. La iniciativa, sometida por el senador de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, pretende garantizarles salario mínimo, seguro médico y pensiones.
Esta propuesta establece que las empresas digitales deberán asegurar que sus afiliados reciban, como mínimo, el equivalente al salario mínimo vigente, independientemente del número de horas trabajadas. Además, las plataformas tendrían la obligación de cubrir los seguros de ley y contratar pólizas de accidentes y de responsabilidad civil para proteger tanto a los conductores como a terceros.
De ser aprobada, la iniciativa también obligaría a estas compañías tecnológicas a inscribirse en un Registro Nacional de Plataformas de Transporte administrado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Asimismo, deberán cotizar en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), lo que incluiría aportes a salud, pensión, riesgos laborales e Infotep.
Beneficios y regulación para un sector creciente
Si esta propuesta pasa por los filtros legislativos (aprobada dos veces en ambas cámaras y promulgada por el Poder Ejecutivo), beneficiaría a más de 30,000 socios que utilizan estas aplicaciones en el país. Además, representaría un primer intento de regulación para estas corporaciones internacionales, que actualmente no cotizan ni pagan impuestos al fisco dominicano.
Aunque algunos repartidores logran ingresos de hasta RD$60,000 al mes, según una publicación de un medio local en marzo pasado, los afiliados a estas plataformas han protestado en diversas ocasiones frente a las oficinas de las aplicaciones, reclamando mejores condiciones laborales.
Transparencia en comisiones y desactivaciones
La pieza legislativa también busca establecer un «juego claro» en las operaciones. Las plataformas deberán esclarecer a sus afiliados cómo se paga la comisión, detallando la tarifa bruta cobrada al usuario, la comisión descontada por la plataforma, los impuestos retenidos (si los hubiera) y el neto pagado al conductor. Se prohíben expresamente las deducciones no autorizadas o cargos ocultos.
Adicionalmente, las empresas no podrán desactivar o suspender cuentas de manera arbitraria sin antes informar los motivos al afectado. Por su parte, los conductores tendrán la obligación de registrarse en el Intrant y notificar al Ministerio de Trabajo que se dedican a esta actividad.
Consecuencias por violación y con0vivencia en polos turísticos
La empresa digital que incurra en violación de esta ley sería sancionada con multas de 20 a 50 salarios mínimos. En caso de reincidencia, podría llegarse a la cancelación de su operación en las calles dominicanas.
El dinero de estas multas, según el proyecto de ley, se destinaría de la siguiente manera: 50% al Ministerio de Hacienda, un 25% al Ministerio de Trabajo y el otro 25% al Intrant, para ser aplicados en capacitaciones y seguridad vial.
Finalmente, en los polos turísticos, la ley exigirá que las plataformas promuevan una convivencia ordenada con los modelos de transporte local, bajo los lineamientos que establezca el Ministerio de Turismo.
