Buchanan Ingersoll & Rooney, en nombre de varias empresas fundadas y controladas al 100% por Alejandro Chabán, presentó una demanda civil en la corte estatal de Florida contra Ricardo Casanova. Las alegaciones incluyen ocultamiento fraudulento, robo civil, malversación de fondos corporativos y conversión no autorizada de más de $1.6 millones de dólares.
Ricardo Casanova, exconsultor financiero de empresas controladas por Chabán, supuestamente se pagó a sí mismo más de $1.6 millones de las cuentas corporativas de las compañías bajo el pretexto de compensación. Estas transferencias no autorizadas superaron el 800% de la tarifa de consultoría acordada por el Sr. Casanova.
«Creemos que la evidencia mostrará que esto no fue una compensación; estas fueron transacciones no autorizadas realizadas por el Sr. Casanova sin el conocimiento, aprobación o consentimiento de mi cliente», afirmó Miranda Soto, abogada principal del juicio para el Sr. Chabán y sus empresas. «El Sr. Casanova sistemáticamente tomó fondos a los que no tenía derecho desde 2017 hasta que se descubrió en 2024. Ocultó sus acciones y violó cada límite de su responsabilidad fiduciaria y la confianza que debía al Sr. Chabán y sus empresas. Estamos buscando daños triples en exceso de $4.8 millones de acuerdo con el Estatuto de Robo Civil de Florida.»
«El Sr. Chabán no solo está defendiendo sus negocios, está defendiendo a cada empleado, socio e inversor que ha depositado su confianza en su liderazgo», añadió Soto. «Esta demanda trata de responsabilidad, integridad y justicia para el Sr. Chabán y sus empresas.»
La demanda describe cómo el Sr. Casanova abusó repetidamente de su acceso a las cuentas corporativas y de la confianza de su cliente anterior al retirar y transferir ilegalmente fondos de las cuentas de las empresas del Sr. Chabán hacia sí mismo sin el conocimiento o autorización del Sr. Chabán.
El Sr. Alejandro Chabán no realizará ningún comentario público referente a este tema. Todas las consultas de los medios en referencia a este te deben dirigirse a la abogada principal del juicio, Miranda Soto, en la oficina de Buchanan Ingersoll & Rooney en Miami.
