La comunicadora Ingrid Jorge Pérez, conocida popularmente como «la Torita», ha recusado a la jueza Yanibet Rivas del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. La recusación se produjo este viernes durante la audiencia de solicitud de medida de coerción en la querella por difamación e injuria que le interpuso la ministra de Interior y Policía, Faride de Raful.
Según Enrique Santelises, abogado de «la Torita«, la recusación se presentó por alegada parcialidad de la magistrada en el proceso. La defensa argumenta que la jueza rechazó una recusación previa contra el Ministerio Público, al cual acusan de actuar de manera «aviesa» al no especificar el monto de la garantía económica solicitada en el documento original, pero sí hacerlo en la audiencia de este viernes.
La garantía económica que se exige a Ingrid Jorge es de RD$3 millones en efectivo, junto con un impedimento de salida del país y presentación periódica ante el tribunal. Santelises ha manifestado que su defendida no posee recursos para cubrir dicho monto, describiéndola como «una pobre infeliz» que «no tiene ni siquiera para pagar un Uber».
La audiencia ha sido aplazada por la jueza para el 29 de julio a las 2:00 de la tarde, a la espera de que la corte decida sobre la recusación de la magistrada Rivas.
Acusaciones contra la comunicadora y repercusiones legales
La ministra Faride Raful acusa a Ingrid Jorge de dañar su honra como ciudadana y funcionaria a través de las redes sociales, razón por la cual presentó la querella por difamación e injuria.
En la misma querella, la funcionaria también incluyó al youtuber Ángel Martínez, exigiendo a ambos una indemnización de RD$100 millones, divididos en RD$50 millones para cada uno. El caso contra Martínez es conocido por el juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, quien también ha sido recusado por la defensa del youtuber.
Miguel Valerio, abogado de Faride Raful, señaló que la magistrada advirtió a la defensa de Ingrid Jorge sobre la posibilidad de ser sancionados con una multa por incurrir en litigación temeraria.
Cabe recordar que la semana pasada, a Ingrid Jorge se le dictó una medida de coerción de garantía económica de RD$1 millón a través de una aseguradora y un impedimento de salida del país, en relación con otra querella por difamación e injuria interpuesta por el procurador adjunto Iván Feliz Vargas.
Ambas acusaciones se fundamentan en los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que penalizan la difamación e injuria cometidas a través de medios digitales o electrónicos.
