SANTO DOMINGO.– El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso prisión preventiva a ocho personas vinculadas al caso Senasa 2.0 y declaró complejo el proceso por el presunto fraude cometido contra el Seguro Nacional de Salud.
Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Mientras, Isabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista fueron enviadas a Najayo Mujeres.
El tribunal también dispuso arresto domiciliario para otras 15 personas vinculadas al expediente: Lucreisy Polanco Núñez, Martha María Saldaña Saldaña, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Rafael Mauricio Cabral González, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Marcelino Eusebio Figuereo, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Víctor Felipe Rodríguez García, Luz Esther Reyes Durán y Alberto Batista Cruz.
La misma medida fue impuesta a Heidy Coronado Paulino, Engels Federico Díaz Mendoza, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Keila Beatriz Acosta Leonardo.
Para José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltre, el juez ordenó impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica.
El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva y que el expediente fuera declarado complejo dentro de la denominada Operación Cobra 2.0-A, investigación que involucra a médicos, exempleados de Senasa y prestadores de servicios de salud.
La acusación sostiene que parte de los investigados habría utilizado códigos médicos y datos de afiliados para gestionar consultas y procedimientos que, según el expediente, en algunos casos nunca fueron solicitados ni recibidos por los pacientes.
En una de las líneas de investigación, el Ministerio Público documentó más de 4,300 autorizaciones médicas por alrededor de RD$41 millones y sostiene que algunos médicos entregaban entre un 40 % y un 60 % de los pagos recibidos a integrantes de la estructura investigada.
Durante el conocimiento de la medida de coerción, varios imputados admitieron hechos que les atribuye el Ministerio Público y manifestaron su disposición a colaborar con la investigación, circunstancia que llevó a los fiscales a solicitar medidas menos gravosas para algunos de ellos. 
Tras conocerse la decisión, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que la investigación continúa y que la imposición de medidas de coerción no representa el cierre del caso.
Camacho también exhortó a los profesionales de la medicina a no facilitar sus códigos de servicio a terceras personas, al advertir que esa práctica puede vincularlos con operaciones irregulares.
De acuerdo con lo expuesto durante el proceso, 22 médicos figuran entre las personas investigadas en esta fase del caso.
Las medidas de coerción no constituyen una condena y los imputados mantienen la presunción de inocencia mientras el proceso continúe ante los tribunales.
