Santo Domingo.– Los abogados del exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta anunciaron este martes que recusarán, por «violación flagrante y reiterada» de los derechos de su defendido, a la jueza Patricia Padilla, quien lleva el control de las investigaciones del supuesto entramado de corrupción conocido como el caso Calamar.
El propósito de la recusación es que sea sustituida con juez de control en el caso de su defendido, quien guarda 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción, explicaron los abogados de Peralta en un comunicado.
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Los letrados, además, presentarán una denuncia ante el Consejo del Poder Judicial, a fin de que se inicie en contra de la también Padilla, jueza del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, un proceso disciplinario por la comisión de «faltas graves» en el caso de su defendido.
El anuncio fue hecho por los abogados Santiago Rodríguez, Pedro Balbuena, Emery Rodríguez y Chanel Liranzo.
Plantearon que desde el día del arresto de Peralta y de la posterior imposición de 18 meses de prisión preventiva, han sostenido que se trata de una medida arbitraria, irrazonable y contraria a derecho.
«Pero lo sucedido el pasado viernes con la decisión de la jueza Patricia Padilla desborda cualquier noción de arbitrariedad e ilegalidad», dijeron en el documento.
Aseguraron que el 14 de agosto pasado interpusieron ante la jueza Padilla un recurso de «revisión a solicitud de parte» de la prisión preventiva impuesta contra Ramón Peralta. Esto al amparo de los artículos 239 y 240 del Código Procesal Penal (CPP).
Indicaron que de acuerdo al artículo 240 del CPP, el tribunal apoderado tenía la obligación de fijar audiencia para conocer la solicitud, en un plazo de 48 horas, pero que dicha audiencia no fue fijada.
Observaron que, si bien es cierto que el hecho de no fijar audiencia era en sí mismo, una omisión grave, mucho más grave es lo que sucedió después.
En ese sentido, los abogados de Peralta dijeron que, «el día primero de septiembre se nos notificó la resolución mediante la que se rechaza nuestra solicitud de revisión, sin que el solicitante y sus abogados fueran convocados y, mucho menos, escuchados».
Agregaron, «peor aún, la misma resolución decidió la ‘revisión a solicitud de parte’ sin fijar audiencia, dispuso que la ‘revisión obligatoria’ de la medida de coerción, prevista para el pasado 1 de septiembre, no se conocería ese día sino el 28 de noviembre de 2023, es decir tres meses después de lo previsto según la ley».
Consideraron que de confirmarse la decisión de la magistrada, «el señor José Ramón Peralta, estaría 9 meses sin que un tribunal haya conocido regularmente la revisión de su prisión preventiva, que, según el Código Procesal Penal debe producirse de manera obligatoria cada 3 meses; y a solicitud de parte, en cualquier momento».
Peralta guarda prisión al igual que el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, mientras que al exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo le fue impuesta prisión preventiva e impedimento de salida del país, por el caso Calamar.
Otros acusados a quienes se les aplicó varias medidas de coerción son el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar Luis Miguel Piccirilo; al abogado Ángel Lockward, y al ex contralor general de la República Daniel Caamaño.
El Ministerio Público sostiene acusación también contra otras personas por supuesta corrupción.
