SANTO DOMINGO. – Un inversionista estadounidense, Lance Lundberg, ha dirigido una carta pública al presidente Luis Abinader para denunciar un “bloqueo ilegal” por parte de funcionarios del gobierno dominicano. Estas acciones, según el empresario, han paralizado un proyecto turístico de más de US$400 millones en Cabarete, Puerto Plata.
Lundberg, un experimentado empresario y egresado de Harvard y Yale, asegura que su proyecto, diseñado con altos estándares ecológicos y enfocado en deportes acuáticos, generaría miles de empleos y posicionaría a Cabarete como un destino de clase mundial.
Un conflicto que ignora fallos judiciales
En su carta, Lundberg explica que su propiedad, adquirida en 2006, fue objeto de una invasión ilegal que ya fue resuelta a su favor en todas las instancias judiciales. El inversionista cuenta con una sentencia firme de la Suprema Corte de Justicia desde 2012, ratificada posteriormente por el Tribunal Constitucional en 2020.
Sin embargo, denuncia que desde 2021 diversas instituciones públicas han obstaculizado el ejercicio de su derecho a la propiedad. Estas acciones incluyen la destrucción de su verja perimetral con apoyo militar, la colocación de señalizaciones falsas y la negativa a entregarle un permiso de construcción ya aprobado y pagado en abril de 2024. Incluso el Tribunal Superior Administrativo ha ordenado a los organismos gubernamentales respetar sus derechos en dos ocasiones, en noviembre de 2024 y mayo de 2025, pero sus fallos no han sido cumplidos.
Preocupación por la seguridad jurídica
Según Lundberg, la persistencia de estas entidades en desacatar las decisiones judiciales firmes constituye un “precedente alarmante” y envía una “señal negativa a la comunidad inversionista internacional”.
A pesar de las dificultades, el empresario mantiene la fe en el país. “Aún creemos que la República Dominicana es un país de oportunidades, donde la ley se respeta, la inversión se honra y la verdad prevalece”, agregó en la misiva.
Lundberg ha optado por esta carta pública como una vía alternativa, después de agotar todas las gestiones privadas con las autoridades, incluyendo la entrega de la documentación de su caso en el Ministerio de la Presidencia y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
