SANTO DOMINGO, RD. – Milton Morrison, director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), ha presentado una querella que involucra directamente al empresario José “Jochy” Gómez Canaán. La denuncia lo señala como presunto beneficiario o figura intimidatoria en una supuesta red de chantaje, sobornos y desvío de fondos públicos, liderada por Rogelio Ramón Oruña Aguilar, presidente de la empresa Dekolor, S.R.L.
Según la querella, a la que Noticias SIN tuvo acceso, Oruña habría utilizado a Gómez como una figura de presión para forzar la prórroga de un contrato millonario relacionado con la emisión de licencias de conducir, el cual expiraba en enero de 2025.
Amenazas, campaña de descrédito y vínculo con desvíos millonarios
El documento detalla que en abril de 2025, durante una reunión en la sede del INTRANT, Oruña lanzó una advertencia directa a Morrison: “Jochy te está preparando algo”, insinuando que Gómez poseía información comprometedora sobre cuentas bancarias no declaradas y una propiedad del funcionario en Florida.
Poco después, en junio de 2025, medios internacionales como The Miami Independent publicaron artículos cuestionando los bienes de Morrison, los cuales fueron luego replicados por periodistas locales. La querella sugiere que esta campaña mediática fue parte de un plan de represalia orquestado por Oruña y su círculo, tras no lograr la renovación del contrato.
La denuncia también establece que en diciembre de 2024, Oruña habría señalado a Jochy Gómez como el “beneficiario real” de la empresa PagoRD Xchange, S.R.L., intermediaria en el cobro de licencias de conducir. Según la acusación, esta empresa retuvo el 90% de los pagos, dejando al Estado apenas un 10%, lo que habría generado un desvío estimado en RD$730 millones. La Contraloría General de la República, en abril de 2025, ya había detectado graves irregularidades, incluyendo falta de conciliaciones bancarias y pérdidas acumuladas por RD$415 millones solo en 2023.
Morrison interpretó estas declaraciones como un intento de chantaje funcional, ya que Oruña advirtió que si suspendían a PagoRD, el servicio de emisión de licencias colapsaría por falta de infraestructura.
Ofertas de soborno millonarias y delitos imputados
La querella detalla que, entre 2024 y 2025, Oruña supuestamente ofreció a Morrison sobornos que iniciaban en RD$30 millones más pagos mensuales, y luego ascendían a US3 millones mensuales, a cambio de prorrogar el contrato irregular. Incluso envió a intermediarios, Bolívar Batista y Georges Ortiz, con ofertas similares, que el funcionario asegura haber rechazado.
Tanto Rogelio Ramón Oruña, su hija Sandra Oruña (gerente de Dekolor), como las empresas implicadas, enfrentan cargos por soborno (Ley 448-06), asociación de malhechores, lavado de activos (Ley 155-17), estafa al Estado y chantaje y extorsión. Las penas podrían incluir hasta cinco años de prisión, multas millonarias y la disolución definitiva de Dekolor, S.R.L.
La querella, que ya está en poder del Ministerio Público, describe un patrón de presión sistemática contra Morrison, con el uso de influencias mediáticas, amenazas personales y ofrecimientos económicos. El funcionario califica estos hechos como un intento de manipular la institucionalidad del INTRANT para intereses privados.
