SANTO DOMINGO, RD. – El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Milton Morrison, ha presentado una querella formal acusando a las empresas Dekolor, S.R.L. y PagoRD Xchange, S.R.L. de operar un esquema de desvío de fondos públicos por más de RD$730 millones.
Según el documento, PagoRD Xchange, S.R.L. era la entidad responsable de procesar los pagos de los usuarios a través de verifones. La querella sostiene que, aunque formalmente eran empresas distintas con contratos independientes, la investigación reveló que Dekolor y PagoRD estaban estrechamente vinculadas operativa y comercialmente, actuando en conjunto como un único canal de cobro.
El modelo contractual original establecía que PagoRD recibiría un 10% por el procesamiento de cada transacción, y el 90% restante se destinaría al Estado. Sin embargo, el INTRANT descubrió que el flujo de ingresos había sido alterado, resultando en que el Estado recibía solo el 10% de los fondos, mientras que las empresas privadas retenían el 90%. Esto generó una pérdida estimada en más de RD$730 millones para el erario público.
Acciones del INTRANT y búsqueda de transparencia
Este alarmante hallazgo llevó a la gestión de Milton Morrison a tomar medidas inmediatas. En octubre de 2024, el director del INTRANT ordenó suspender los cobros a través de PagoRD desde el 12 de diciembre de 2024, bloqueando a PagoRD del sistema de compras de licencias. Esta acción preventiva buscó detener el flujo de fondos y evitar mayores perjuicios al Estado.
Ante la gravedad de las irregularidades detectadas, Morrison decidió no prorrogar el contrato con Dekolor, que vencía en enero de 2025. En su lugar, el INTRANT se propuso lanzar un nuevo proceso de licitación pública para el servicio de emisión de licencias de conducir. Para garantizar la transparencia y legalidad del nuevo proceso, el instituto solicitó asistencia técnica al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
El objetivo es contratar un nuevo proveedor bajo condiciones de libre competencia, eficiencia y trazabilidad, descartando por completo cualquier extensión contractual directa con las empresas investigadas.
