El juez de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional dará inicio este viernes al juicio de fondo contra los propietarios de la discoteca Jet Set, señalados como responsables del colapso del techo del establecimiento, tragedia que dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.
El magistrado Franny González iniciará el proceso a partir de las 9:00 de la mañana en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados del delito de homicidio involuntario.
En el banquillo estarán, además, como terceros civilmente demandados, las entidades Inversiones E y L, S.R.L.; Difusora Hemisferio, S.R.L.; y Radio Cadena Comercial, S.R.L., así como Eveline Espaillat y Ana Grecia López.
La acusación presentada por el Ministerio Público consta de 156 páginas, y el expediente cuenta con un total de 84 testigos y un conjunto de pruebas documentales y materiales vinculadas al proceso por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set.
Con la apertura de este juicio, el caso Jet Set, uno de los procesos judiciales de mayor impacto social en el país en los últimos años, entra en su etapa decisiva, en la que se determinará la responsabilidad penal de los acusados por la tragedia.
En la audiencia, los propietarios de la discoteca Jet Set estarán representados por los abogados Miguel Valerio, Ramón Emilio Núñez y Carlos Alberto Polanco Rodríguez.
Mientras tanto, el Ministerio Público estará representado por Wilson Camacho, procurador adjunto y director general de Persecución del Ministerio Público; Rosalba Ramos, fiscal titular del Distrito Nacional; el procurador general de la Corte de Apelación, Héctor Joel García Acevedo; y los fiscales Magalys Sánchez, Miguel José Collado García, Rosa Ysabel Mejía, Enmanuel Antonio Ramírez Sánchez y Vladimir Viloria.
En tanto, las víctimas estarán representadas por Ingrid Hidalgo, Laura Acosta, Carlos Salcedo, Luis Aybar, Yan Luis Martínez, Félix Humberto Portes, Plutarco Jaquez, entre otros.
La tragedia ocurrió durante una actividad amenizada por el merenguero Rubby Pérez, quien también falleció en el desplome.
El caso ha generado un profundo impacto nacional por la cantidad de víctimas, la notoriedad del lugar y las interrogantes sobre la seguridad de las edificaciones abiertas al público.
El expediente llegó a manos del juez González luego de que la magistrada Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, se apartara del caso por mantener una relación de amistad cercana con una de las víctimas de la tragedia.
La decisión de enviar el caso a juicio de fondo había sido adoptada previamente por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tras un examen minucioso del expediente.
En esa etapa, el magistrado calificó los hechos como homicidio culposo o imprudente, descartando el pedido de un grupo de víctimas que reclamaba que la causa fuera juzgada bajo la figura de homicidio voluntario.
Otro aspecto destacado de esa decisión fue la exclusión del proceso penal del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y otras entidades estatales que también habían sido señaladas en el caso.
La medida de coerción impuesta a Antonio y Maribel Espaillat consistió en garantía económica de RD$50 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país, decisión posteriormente confirmada por la Corte de Apelación al rechazar los recursos interpuestos.
