SANTO DOMINGO, R.D. – El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) convocó a una rueda de prensa ayer domingo para lanzar, una vez más, un plan que busca combatir la delincuencia que se vale de los «chips» de teléfonos móviles no identificados. Sin embargo, la medida, que pretende depurar y validar la identidad de los usuarios de servicios móviles, llega cargada de una sensación de déjà vu para muchos.
El presidente de Indotel, Guido Gómez Mazara, detalló cómo se busca poner freno al uso irregular de líneas telefónicas. Pero el «pequeño detalle», como ya se ha señalado, es que esta no es una iniciativa novedosa.
Una historia de intentos precedentes y un problema persistente
La misma institución ya había trazado un protocolo similar para las empresas telefónicas en 2014, ofreciendo declaraciones que perseguían idénticos objetivos: la correcta identificación de los usuarios de servicios móviles. La repetición del anuncio plantea una pregunta crucial: si ya existía la disposición, ¿por qué no se ha logrado hacerla cumplir de manera efectiva en casi una década?
La persistencia del problema es, precisamente, lo que justifica este nuevo (o renovado) esfuerzo. La Procuraduría General de la República ha evidenciado que la situación es crítica: en los últimos 18 meses, se han reportado 54,378 celulares robados o extraviados, lo que se traduce en un promedio alarmante de 3,021 casos mensuales y 100 por día. Y estas cifras, según Gómez Mazara, no incluyen los reportes directos a la Policía Nacional ni los robos no denunciados, sugiriendo que la magnitud real es mucho mayor.
Además, se estima que cada mes ingresan al país 4,000 celulares robados desde el extranjero. En un mercado donde se activan cerca de 400,000 líneas móviles prepago mensualmente, el 85% de las cuales se venden de manera informal en la calle, la trazabilidad y el control se convierten en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades.
La nueva resolución 064-2025 y sus implicaciones
La nueva Resolución núm. 064-2025 otorga un plazo de 30 días a las prestadoras de servicios móviles para validar y depurar la identidad de los usuarios de líneas prepago. Las empresas deberán identificar a cada usuario con un documento oficial (cédula, pasaporte o carnet de residencia) y notificar a los clientes sobre el proceso. Si la validación no se realiza, las líneas serán suspendidas por hasta dos meses y luego canceladas.
Gómez Mazara enfatizó: “Como órgano regulador, tenemos la obligación de garantizar que cada línea esté correctamente identificada. Esta es una acción correctiva, pero también preventiva, que apoya a las autoridades, protege a los ciudadanos y fortalece la confianza en el sistema”.
La medida se fundamenta en normativas existentes, como los artículos 11 y 31 del Reglamento General del Servicio Telefónico y el artículo 10 de la Norma que Regula la Contratación de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones. Además de la seguridad, busca fortalecer el sistema de emergencias 911 y apoyar a los organismos de inteligencia y al Ministerio Público.
La convocatoria de este anuncio, con miembros del Consejo Directivo de Indotel, Alexis Cruz y Juan Taveras Hernández, junto a gerentes de la institución, refuerza la seriedad con la que se aborda esta nueva (o renovada) cruzada. La pregunta que queda en el aire es si, esta vez, la implementación será lo suficientemente rigurosa y sostenida como para, finalmente, resolver un problema que ha afectado la seguridad ciudadana por años.
