SANTO DOMINGO, RD – La controversia en torno a los contratos del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (INAIPI) escala, y la atención se centra ahora en la próxima movida del Ministerio Público. Tras la divulgación del informe de la Cámara de Cuentas (CCRD), que detalla presuntas irregularidades por más de RD$800 millones y una alarmante concentración de adjudicaciones durante la gestión 2016-2020 de Berlinesa Franco, la sociedad dominicana espera acciones concretas de la justicia.

La auditoría de la CCRD reveló que 24 suplidores se beneficiaron con contratos por un monto acumulado de RD$1,248 millones, con un solo proveedor acaparando 28 adjudicaciones. Los hallazgos incluyen procesos por excepción sin justificación legal y adjudicaciones a oferentes que incumplieron las especificaciones técnicas, lo que sugiere un posible patrón de favoritismo.

El caso en manos de la justicia: ¿Viene una acusación formal?

La Cámara de Cuentas ha sido enfática al remitir el expediente al Ministerio Público, específicamente invocando el artículo 169 de la Constitución para que determine el «grado de responsabilidad y carácter de imputación». Esto significa que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) tiene ahora el peso de analizar las pruebas y decidir si existen méritos para presentar una acusación formal.

La opinión pública y diversos sectores de la sociedad civil estarán atentos a los próximos pasos. La celeridad y la contundencia con la que el Ministerio Público actúe en este caso serán cruciales para reafirmar la transparencia y la confianza en la administración de los recursos públicos, especialmente aquellos destinados a la población más vulnerable.