SANTO DOMINGO, R.D. – La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) ha revelado la detección de importantes irregularidades en diversas contrataciones por excepción realizadas por el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) durante el período de la pandemia del COVID-19. Estos hallazgos, que ascienden a más de 800.8 millones de pesos, adjudicados a 58 suplidores, han sido remitidos al Ministerio Público «para que establezca el grado de responsabilidad y carácter de imputación».
Entre los principales hallazgos del informe de auditoría, que abarca la gestión 2016-2020, se destaca que el proceso identificado como INAIPI-MAE-PEUR-2020-0001 fue declarado de urgencia y adjudicado a 20 proveedores por 531.7 millones de pesos. Sin embargo, la auditoría reveló que las compras estaban previamente contempladas en el Plan Anual de Compras, lo cual elimina la justificación legal para el uso de procedimientos de excepción, de acuerdo con el Reglamento de la Ley sobre Compras y Contrataciones.
Además, se verificó que 12 contratos, por un valor de 312.8 millones de pesos, fueron adjudicados a oferentes que incumplieron con los pliegos de condiciones técnicas, como la presentación de imágenes referenciales en lugar de fotografías reales de los productos.
La respuesta de la exdirectora y el impacto en la salud pública
En relación con estas irregularidades, la exdirectora del INAIPI durante el período 2016-2020, Berlinesa Franco, respondió que se procedió a unificar “los procesos de compras de alimentos y hacer un solo proceso de alimentos para el año 2020 completo”, debido al crecimiento de la demanda producto del confinamiento.
La Cámara de Cuentas enfatizó que la mayoría de las anomalías corresponden a compras por excepción, incluyendo procesos por emergencia y urgencia, evidenciando una falta de cumplimiento con los procedimientos de compras correctos y las retenciones legales.
Este informe de auditoría subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de fondos públicos, especialmente en situaciones de emergencia. La remisión al Ministerio Público abre la vía para posibles sanciones penales y la determinación de responsabilidades en este caso de interés público.
