SANTO DOMINGO, R.D. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) informó este martes que, en consonancia con su principio de transparencia y rendición de cuentas, fue la propia institución la que solicitó la intervención de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y del Consejo Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia). La solicitud se realizó en relación con el proceso de contratación de la utilería escolar.
A través de una nota de prensa, el INABIE enfatizó que, durante la licitación —que ha motivado dos reportajes en el programa «El Informe con Alicia Ortega»— identificó indicios de posibles actos anticompetitivos y la presentación de documentos alterados o falsos por parte de algunas empresas participantes.
Acciones tomadas y compromiso con la transparencia
En el mes de febrero, la institución remitió un informe a Pro-Competencia para que investigara a nueve empresas ante la sospecha de prácticas que podrían afectar la libre competencia en perjuicio de otros oferentes. Asimismo, en ese mismo mes, solicitó a la DGCP la inhabilitación definitiva del Registro de Proveedor del Estado (RPE) de cinco compañías, tras detectar falsedad y adulteración de documentos. Estos hallazgos fueron posibles gracias a los procesos de debida diligencia llevados a cabo por el INABIE.
En abril, tras la publicación de un reportaje de investigación, la Dirección Ejecutiva reiteró su solicitud de investigación a la DGCP y a Pro-Competencia, abarcando el proceso de contratación de todas las empresas participantes. Como medida adicional, suspendió la firma y certificación de contratos con las compañías señaladas y ordenó la suspensión de todos los servidores públicos que participaron en dicha licitación.
El INABIE reitera su disposición a colaborar plenamente con todos los organismos de investigación, con el firme objetivo de garantizar la legalidad y transparencia en todos sus procesos, así como su compromiso de acatar las decisiones de las instituciones rectoras.
