Washington, EE.UU. – El número de centros de detención utilizados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha aumentado en un 30 % durante los primeros seis meses del año fiscal 2025, según un informe publicado este lunes por el centro de análisis Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse.
De acuerdo con los datos, al menos 144 cárceles albergaban inmigrantes detenidos en abril, en comparación con 111 centros activos en octubre de 2024, cuando comenzó el actual ciclo fiscal.
El estudio atribuye esta expansión a nuevos acuerdos firmados por ICE con empresas privadas, como Core Civic y Geo Group, así como con agencias estatales y locales del orden público, permitiendo el uso de cárceles locales en todo el país para la detención de migrantes.
Centros con más detenidos
Cuatro instalaciones concentran más del 10 % del total de migrantes detenidos por ICE:
-
Natchez, Misisipi: 2,168 personas
-
Lumpkin, Georgia: 1,717 personas
-
Pearsall, Texas: 1,663 personas
-
Winnfield, Luisiana: 1,522 personas
En total, estos centros detienen diariamente a más de 7,000 migrantes, lo que refleja el peso creciente de la colaboración entre ICE y entidades penitenciarias privadas o locales.
Según datos actualizados hasta el 18 de abril, 49,184 inmigrantes se encontraban bajo custodia de ICE en centros de detención, mientras que otros 184,342 migrantes y grupos familiares eran monitoreados a través del programa de Alternativas a la Detención (ATD), una modalidad menos restrictiva que incluye el uso de grilletes electrónicos, monitoreo telefónico y comparecencias periódicas.
La administración del presidente Donald Trump, quien retomó el poder en enero de 2025, ha reforzado su política de mano dura en materia migratoria, priorizando el aumento en las detenciones y la expansión del sistema carcelario para inmigrantes.
El reporte de TRAC advierte que, aunque estos contratos y ampliaciones han aumentado la capacidad del sistema, también han generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos por las condiciones de detención y el impacto psicológico y social en los migrantes detenidos por periodos prolongados.




