Cada feminicidio no solo apaga la vida de una mujer. También deja detrás una tragedia silenciosa que pocas veces ocupa titulares: hijos e hijas que crecen marcados por la violencia, enfrentando la pérdida de sus madres y, en muchos casos, la ruptura total de su entorno familiar.
Mientras el país contabiliza cada año decenas de feminicidios, cientos de niños, niñas y adolescentes cargan con las secuelas emocionales, sociales y económicas de estos crímenes.
Se estima que entre 2021 y lo que va de 2026 más de 400 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos tras feminicidios ocurridos en República Dominicana. Sin embargo, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) solo registra 28 menores atendidos entre 2020 y 2025, lo que evidencia una brecha entre la dimensión real del problema y la capacidad de respuesta institucional.
La magnitud de esta crisis también se refleja en las estadísticas nacionales. De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística (ONE), entre 2020 y 2024 se produjeron 340 feminicidios. A esta cifra se suman 59 casos reportados en 2025 y al menos 32 registrados en lo que va de 2026, para un acumulado que supera los 431 feminicidios en poco más de cinco años.
El impacto histórico también ha sido documentado por el estudio “Feminicidios en República Dominicana: radiografía de la violencia feminicida 2016–2024”, publicado por Funglode, que establece que entre 2016 y 2024 se registraron 706 feminicidios en el país. Las víctimas tenían edades que oscilaron entre los cuatro días de nacida y los 94 años, una radiografía que confirma la amplitud y gravedad de la violencia de género.
Menores atendidos y protocolo de protección
De los 28 niños, niñas y adolescentes que quedaron bajo protección del Estado tras feminicidios, Conani detalla que seis fueron atendidos entre 2020 y 2022; cinco en 2023; nueve en 2024 y ocho durante 2025.
Para enfrentar estas secuelas, la institución implementa un protocolo de atención interinstitucional sustentado en tres ejes: apoyo psicoafectivo, acompañamiento socioeconómico y seguimiento educativo. Entre las acciones se incluyen terapias psicológicas especializadas, asistencia social, monitoreo de continuidad escolar y articulación con programas estatales como Supérate y Bono Escolar para las familias responsables del cuidado de estos menores.
En algunos casos también se aplican procesos de reunificación familiar, asistencia alimentaria y acompañamiento continuo para reducir el impacto emocional y social derivado de la pérdida violenta de sus madres.
El informe establece que los menores atendidos tenían edades entre tres meses y 17 años, lo que evidencia que la violencia de género golpea directamente a la niñez y adolescencia. Las matrices de datos recogen casos en provincias como Santo Domingo, La Vega, Monte Plata, San Cristóbal, Independencia, Peravia y María Trinidad Sánchez.
Entre los expedientes figuran bebés de apenas ocho meses, niños de dos, tres y cinco años, así como adolescentes que enfrentaron no solo la muerte de sus madres, sino también la ruptura total de su entorno familiar.
Custodia familiar y presión sobre hogares de paso
La investigación de Conani revela que la mayoría de estos menores quedó bajo custodia de familiares cercanos, principalmente abuelas maternas, tíos y miembros de la familia extendida, una solución que busca preservar la estabilidad emocional y mantener vínculos afectivos dentro del núcleo familiar.
No obstante, en otros casos los niños fueron trasladados temporalmente a hogares de paso bajo acogimiento institucional. Esta medida fue aplicada en siete casos, equivalentes al 26 % del total registrado entre 2020 y 2025. Según el informe, se trata de una respuesta de protección inmediata mientras se define una solución familiar permanente o se estabiliza el entorno del menor.
Estos hogares de paso funcionan como centros de acogida provisional para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo personal o social, víctimas de maltrato o que requieren intervención del Estado.
Sobre esta realidad, la primera dama Raquel Arbaje reconoció que existe sobrecarga en algunos hogares de paso destinados a recibir menores en condición de vulnerabilidad, incluidos aquellos afectados por violencia y feminicidios. Indicó que el Gobierno trabaja en la habilitación de nuevos espacios de acogida, al tiempo que reiteró que los menores no deberían permanecer más de tres meses en estos centros temporales.
Aunque la mayoría de estos niños queda bajo el cuidado de familiares cercanos, el desafío sigue siendo profundo: garantizar atención psicológica, estabilidad económica, educación continua y protección integral para una generación marcada por la violencia.
