SANTO DOMINGO.– Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, procesados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, que dejó 236 personas fallecidas, podrían enfrentar penas de entre 3 y 20 años de prisión luego de que un tribunal variara la calificación jurídica del proceso.
La decisión fue adoptada por el juez Franny González, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, quien dispuso que el expediente pase a un tribunal colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional.
Según explicó el magistrado, una vez que la presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia determine cuál tribunal conocerá el caso, el juicio deberá comenzar nuevamente ante ese órgano.
El juez entendió que, en esta etapa del proceso, la teoría presentada por el Ministerio Público cuenta con sustento suficiente para variar la calificación jurídica originalmente atribuida a los acusados.
Durante sus motivaciones, González recordó que la Fiscalía sostuvo desde sus alegatos de apertura que lo ocurrido en Jet Set “no fue un simple accidente” y que, según la acusación, existían advertencias previas sobre condiciones de peligro.
El magistrado consideró que los hechos expuestos permiten examinar el caso bajo figuras penales vinculadas al homicidio voluntario y golpes y heridas voluntarias mediante dolo eventual, conforme a lo planteado por varias partes querellantes, actores civiles y acusadores particulares.
“El tribunal entiende sustentado en el mismo hecho, sin necesidad de ampliar ni variar los hechos, que procede acoger la solicitud de la variación de la calificación jurídica”, explicó.
En su decisión, el juez sostuvo que existen elementos presentados en el proceso que apuntan a que los acusados habrían tenido conocimiento de un riesgo previo relacionado con la estructura y que, pese a ello, continuaron las actividades del establecimiento.
Esas consideraciones forman parte de la valoración realizada por el tribunal en esta fase y deberán ser debatidas durante el juicio de fondo. La decisión no constituye una condena contra Antonio y Maribel Espaillat.
El magistrado también rechazó una solicitud de ampliación de la acusación y descartó incorporar presuntas violaciones a leyes relacionadas con urbanización e ingeniería, al considerar que no existía base legal suficiente ni elementos nuevos que justificaran esa ampliación.
El cambio de calificación jurídica eleva la posible exposición penal de los imputados y modifica la competencia del tribunal que deberá conocer el juicio.
A partir de ahora, corresponderá a la Cámara Penal del Distrito Nacional asignar el tribunal colegiado que continuará con el proceso.
