Santo Domingo.- El Gobierno dominicano desestimó este jueves las acusaciones de Amnistía Internacional (AI) sobre la ejecución de políticas migratorias racistas. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, respondió contundentemente a las críticas, subrayando que el país actúa en defensa de su soberanía y no en detrimento de los derechos de los inmigrantes.
Durante un acto público, Peña afirmó que las instituciones internacionales tienen derecho a expresar sus opiniones, pero exigió que respeten la soberanía y las políticas dominicanas. «Nosotros tenemos que seguir firmes defendiendo la soberanía nacional y en eso nosotros estamos», declaró la vicepresidenta, reafirmando la postura del gobierno ante las recientes denuncias.
La reacción del gobierno se produce tras un comunicado de Amnistía Internacional en el que se destacó la “necesidad urgente” de que República Dominicana erradique el perfilamiento racial, el racismo estructural y la discriminación racial. La organización instó al país a garantizar los derechos humanos y la dignidad de los migrantes haitianos y de las personas dominicanas de ascendencia haitiana.
En su comunicado, AI también denunció las altas cifras de deportaciones de haitianos desde el territorio dominicano, mencionando que en 2023 se deportaron 208,166 personas, entre ellas más de 20,000 menores. A pesar de la crisis en Haití, las deportaciones han continuado, con 98,594 personas expulsadas en lo que va de año, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, expresó que el inicio del gobierno del presidente Luis Abinader debería marcar un compromiso para superar los retos en materia de derechos humanos denunciados por la organización.
