El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, emitió este martes, a través de la Orden Ejecutiva (OE) 2023-009, una declaración de emergencia ante la migración de la zona costera de la isla caribeña, con el objetivo de implantar «mayor protección, conservación y uso sostenible de la zona».
«La orden establece como prioridad la investigación científica, la participación ciudadana y la asistencia a comunidades costeras para controlar la contaminación e implantar medidas urgentes que atiendan las vulnerabilidades de la costa y promuevan la resiliencia y sostenibilidad», dijo Pierluisi en rueda de prensa.
Para llevar a cabo el plan de acción, el gobernador ordenó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ejecutar un proyecto con el apoyo de agencias estatales y federales.
Asimismo, el mandatario anunció la asignación cinco millones de dólares del Plan de Rescate Americano (ARPA, en inglés) e informó que el Departamento de la Vivienda asignará 100 millones del Programa de Mitigación en la Infraestructura del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario-Mitigación (CDBG-MIT).
Así, Pierluisi hizo hincapié en que la migración de la costa no impactó el litoral de forma uniforme, «en la mitad de nuestra costa el mar se adentró, en la otra mitad ganamos espacio».
En este sentido, recalcó que los municipios más afectados por «erosión costera severa» son: Luquillo (norte de la isla), Loíza (norte), Humacao (este), Patillas (sureste), Arecibo (norte), Hatillo (norte) y la isla municipio de Vieques.
Pierluisi declaró que los permisos, consultas o certificaciones relacionados a las medidas autorizadas de la Orden se tramitarán de conformidad con las disposiciones de la Ley de Procedimiento para situaciones o Eventos de Emergencia firmada en 2000.
También, según lo dispuesto en la OE-2023-003 en la que declaró la continuidad de la emergencia en la infraestructura por los daños causados por los huracanes Irma, María y Fiona así como por los terremotos de 2020.
Por su parte, la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez, manifestó que la Declaración de Emergencia «evidencia una vez más el compromiso y proactividad de esta Administración para mitigar las consecuencias del calentamiento global y su preocupación por los recursos naturales».
El secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez, comentó que «se hace la inversión estratégica de estos 100 millones de fondos de mitigación para atender una necesidad clara de evitar más pérdidas y daños en las zonas de mayor riesgo, que ya han visto la erosión significativa de sus litorales».
Puerto Rico cuenta con más de 1.120 kilómetros de línea costera, lo cual incluye playas, acantilados y rocas, vegetación, costa aluvial y antropogénica.
Según una investigación realizada por el Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico (CoRePi-PR) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), aproximadamente 99 kilómetros de línea de costa migraron tierra adentro en los pasados años.
A través de la OE, se exhortó al DRNA, en colaboración con los municipios, la Junta de Planificación (JP) y otras entidades públicas, privadas y sin fines de lucro, así como la academia, a realizar un inventario de las propiedades no habitadas y estructuras abandonadas o en ruinas en la zona costanera.
Además, el Departamento, mediante un Acuerdo de Entendimiento, deberá junto a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) evaluar e implementar medidas de prevención, mitigación, adaptación y resiliencia para enfrentar la erosión costera y sus efectos.
El gobernador aseguró que en primera instancia, se implementarán medidas de infraestructura natural, en segundo lugar, medidas de infraestructura híbrida y la tercera opción será el desarrollo de infraestructura dura.
A su vez, el DRNA tendrá que continuar con la reforestación masiva para reponer los árboles destruidos por los fenómenos atmosféricos que han afectado a Puerto Rico durante los pasados años.
Por último, Pierluisi destacó que esta «es una agenda ambiciosa que prioriza la protección de nuestras costas con el principal propósito de proteger vida y propiedad ante los efectos del cambio climático».
