SANTO DOMINGO. – La imagen del oficialismo vuelve a verse empañada con un nuevo escándalo de narcotráfico que vincula a figuras del ámbito político y de seguridad nacional. La justicia estadounidense emitió una orden de captura contra el regidor Edickson Herrera Silvestre, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como contra el exgeneral de la Policía Nacional William Durán Jerez y el ciudadano José Eduviges Aponte Torres, conocido como “Buby” o “Meano”.
El documento de acusación, divulgado por autoridades norteamericanas, sostiene que los tres dominicanos participaron en una conspiración para distribuir una mezcla de sustancias con al menos cinco kilogramos de cocaína en territorio estadounidense.
El caso resuena con fuerza, sobre todo por el cargo que aún ostenta Herrera Silvestre en el Consejo Municipal del Distrito Nacional, así como por el historial de Durán Jerez, quien fue jefe de la Seguridad Preventiva de la Policía y supervisor de la Junta Central Electoral hasta 2005. Este último fue retirado en 2009 por el entonces presidente Leonel Fernández bajo decreto presidencial.
Este escándalo se suma al antecedente de Miguel Gutiérrez, también miembro del PRM, quien fue arrestado y condenado en 2023 en Estados Unidos por delitos similares, convirtiéndose en el primer diputado dominicano en enfrentar cargos de narcotráfico en el extranjero.
Posibles penas y proceso de extradición
De confirmarse la solicitud formal de extradición, los acusados podrían enfrentar penas que oscilan entre diez años de prisión y cadena perpetua, además de multas que alcanzarían los 10 millones de dólares, según establece la acusación judicial.
Aunque la Procuraduría General de la República (PGR) aún no ha recibido formalmente la solicitud de extradición, se conoce que el procedimiento inicia con la remisión del pedido por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores al despacho de la procuradora Yeni Berenice Reynoso. De ahí pasa al departamento de extradición, que debe solicitar una orden de arresto a la Suprema Corte de Justicia.
Una vez capturados, los imputados enfrentan una audiencia ante la Segunda Sala Penal de la SCJ, donde se decide sobre la solicitud de extradición. El Gobierno de los Estados Unidos es representado habitualmente por la abogada Analdis Alcántara, en presencia de un procurador dominicano y del defensor legal del acusado.
