A menudo, las cifras de un presupuesto nacional se perciben como meros números en un documento técnico. Sin embargo, detrás de cada porcentaje y cada partida, se esconde una declaración profunda sobre los valores y las prioridades de una sociedad. La realidad del gasto público en la República Dominicana en los últimos años nos invita a una reflexión crucial sobre su impacto social y su papel en la perpetuación de las desigualdades.
La historia de una madre, desolada porque su hijo, a pesar de ser aceptado en una universidad técnica, no podía costear el transporte, ilustra con crudeza cómo la pobreza no siempre es una falta de voluntad individual. Más bien, es el resultado de un sistema que, a través de sus decisiones de inversión, determina quiénes tienen oportunidades y quiénes son dejados atrás.
Dos décadas después de esa reveladora escena, el panorama se complejiza. En 2024, llama la atención que más del 22% del presupuesto nacional se destinara al pago de intereses de la deuda. En contraste, solo un 2.3% se asignó a la vital educación técnica y menos del 0.5% a la formación docente. Esta disparidad plantea una pregunta fundamental: ¿qué mensaje enviamos como sociedad cuando se prioriza la deuda sobre la inversión en el capital humano y el desarrollo futuro?
El presupuesto es, en esencia, una declaración moral. Refleja qué vidas se consideran urgentes y cuáles pueden esperar. ¿Cómo justificar que se gaste más en combustible para la burocracia que en servicios de salud mental esenciales para la juventud? ¿Es sostenible un modelo donde la mayor inversión pública se concentra en el Distrito Nacional, mientras provincias enteras luchan incluso por un mantenimiento vial básico?
Desde la economía política, esta tendencia se denomina un modelo de gasto regresivo. Este enfoque no hace más que profundizar las desigualdades territoriales, penalizando precisamente a quienes más necesitan el apoyo del Estado. En la vida real, esto se traduce en imágenes dolorosas: campesinas que dan a luz en el trayecto en motoconcho, niños incapaces de comprender lo que leen por la falta de capacitación de sus maestros, y adultos mayores que fallecen sin la dignidad de una pensión contributiva.
Las estadísticas son contundentes. En Elías Piña, el gasto público per cápita es cuatro veces menor que en el Distrito Nacional. En Monte Plata, el 58% de las escuelas carece de acceso a internet. Paralelamente, se aprueban préstamos con lentitud en su ejecución y una fiscalización deficiente, lo que agrava la situación. El dinero público sin un propósito social claro es, en palabras de un analista, «una forma elegante de olvido». La cuestión no es solo gastar más, sino gastar con justicia, con visión de país y, sobre todo, con un propósito claro.
Reformar el Estado trasciende el simple ahorro. Implica un reordenamiento ético y constitucional de las prioridades. El artículo 75 numeral 5 de la Constitución dominicana mandata al Estado a «promover el bien común». Sin embargo, no puede haber bien común si el presupuesto nacional se elabora con sesgos, careciendo de participación ciudadana y con una escasa medición de su impacto real.
Ante esta realidad, se han propuesto medidas urgentes para reencauzar el gasto público. Una regla de inversión social obligatoria que destine al menos el 50% del gasto nuevo a salud, educación, empleo y protección social, siguiendo modelos exitosos como el de Costa Rica. La implementación de un índice territorial de equidad presupuestaria que distribuya los fondos basándose en brechas reales de desarrollo humano, y no en intereses políticos, podría beneficiar a provincias históricamente relegadas como Bahoruco, El Seibo y Dajabón. Finalmente, una reforma constitucional del gasto público que condicione la contracción de deuda a la demostración de resultados verificables en el bienestar ciudadano, asegurando que la deuda sea un medio y no un fin.
Desde instituciones como el Defensor del Pueblo, se ha iniciado un proceso de evaluación territorial del impacto presupuestario, recogiendo testimonios y datos directamente desde la «Ruta de los Derechos». La ciudadanía no solo exige saber cuánto se gasta, sino en qué, para qué y con qué resultados tangibles.
Como señaló el Nobel Amartya Sen, el desarrollo se mide por la libertad de las personas para vivir la vida que valoran. Esa libertad, en última instancia, comienza en el presupuesto. Hemos avanzado en transparencia, sí, pero la transparencia sin un propósito claro es solo una rendición de cuentas vacía. Lo que se necesita con urgencia es una revolución ética del gasto público, una transformación que convierta cada peso en una oportunidad de dignidad.
La aspiración es clara: que la próxima vez que una madre derrame lágrimas frente a una escuela, sea por emoción y no por impotencia. Que ningún hijo tenga que elegir entre el estudio y una extenuante caminata de 12 kilómetros. Que el Estado, en lugar de ser un mero espectador de la desigualdad, se erija como el verdadero garante del bien común.
