París, Francia.– La Asamblea Nacional de Francia aprobó este miércoles de forma definitiva la ley que regula el derecho a la ayuda para morir, una normativa que legaliza la eutanasia y el suicidio asistido para pacientes con enfermedades graves, incurables e irreversibles que experimenten un sufrimiento considerado insoportable.
El proyecto fue aprobado con 291 votos a favor y 241 en contra, culminando un prolongado proceso legislativo iniciado en 2025, durante el cual el texto fue respaldado en dos ocasiones por la Cámara Baja y rechazado en otras dos por el Senado, dominado por una mayoría conservadora.
La iniciativa fue impulsada por el presidente Emmanuel Macron, quien la presentó como una de las principales reformas sociales de su segundo y último mandato, que concluirá en mayo de 2027.
La ley será revisada por el Consejo Constitucional
Pese a la aprobación parlamentaria, la norma aún deberá ser examinada por el Consejo Constitucional, a solicitud del primer ministro Sébastien Lecornu, quien planteó dudas sobre algunos aspectos del texto, entre ellos el período mínimo de reflexión de dos días que debe cumplir el paciente antes de confirmar su decisión.
Tras la votación, Macron agradeció a los legisladores por el debate desarrollado durante la tramitación de la iniciativa y señaló, a través de la red social X, que el recurso ante el máximo órgano constitucional seguirá el procedimiento previsto por el Estado de derecho.
¿Quiénes podrán acceder a la ayuda para morir?
La legislación establece que podrán solicitar la ayuda para morir las personas mayores de edad con nacionalidad francesa o residencia legal en el país que padezcan una enfermedad grave e incurable, con un pronóstico vital comprometido en fase avanzada o terminal.
Además, deberán presentar un deterioro irreversible de su estado de salud y experimentar sufrimientos físicos o psicológicos derivados de la enfermedad que no puedan ser aliviados o que consideren insoportables, incluso después de rechazar determinados tratamientos médicos.
La ley excluye los casos en los que el sufrimiento sea exclusivamente psicológico, sin una enfermedad física grave subyacente.
Procedimiento y garantías
El texto establece que el paciente deberá encontrarse en pleno uso de sus facultades mentales y expresar libremente su voluntad mediante una solicitud formal dirigida a un médico.
Posteriormente, el caso será evaluado de manera colegiada y el profesional de la salud dispondrá de un plazo de hasta 15 días para emitir una respuesta motivada.
Si la solicitud es aprobada, el paciente deberá ratificar su decisión después de un período mínimo de reflexión de dos días antes de acceder al procedimiento.
La norma contempla que, como regla general, la propia persona administre el medicamento que pondrá fin a su vida. Solo de manera excepcional, cuando exista una incapacidad física que lo impida, podrá intervenir un médico o un profesional de enfermería.
Persisten las diferencias políticas
El Gobierno también solicitó al Consejo Constitucional pronunciarse sobre otros aspectos de la ley, entre ellos las garantías aplicables a personas bajo tutela judicial y el alcance de la objeción de conciencia para los profesionales e instituciones sanitarias que rechacen participar en este tipo de procedimientos.
Las autoridades consideran que la revisión constitucional permitirá aclarar aspectos jurídicos relacionados con la protección de la dignidad humana, la libertad individual y la aplicación práctica de la nueva legislación.
Con esta aprobación, Francia se suma al grupo de países que han regulado legalmente distintas formas de asistencia médica para morir, aunque la entrada en vigor de la ley dependerá del pronunciamiento del Consejo Constitucional.
