WASHINGTON, EE.UU. – La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos de Haití. Esta decisión representa un duro golpe para aproximadamente medio millón de inmigrantes haitianos que estaban protegidos contra la deportación y contaban con permiso de trabajo en el país.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la medida al afirmar que la situación ambiental en Haití «ha mejorado lo suficiente» para que sus ciudadanos puedan retornar a su país de origen de manera segura.
El TPS y su historia para Haití
El TPS es un amparo migratorio diseñado para proteger a ciudadanos de países afectados por desastres naturales o conflictos armados, permitiéndoles vivir y trabajar en EE.UU. hasta que la situación en su nación se estabilice. En el caso de Haití, cerca de 521,000 ciudadanos se beneficiaban de esta protección. El Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025) había extendido este beneficio hasta 2026 en julio del año pasado.
Sin embargo, la secretaria del DHS, Kristi Noem, ya había ordenado en febrero pasado modificar este periodo de extensión, fijando el 3 de agosto como fecha final del TPS para Haití. El Ejecutivo ha otorgado a los beneficiarios hasta el 2 de septiembre para regularizar su situación y los ha «alentado a aprovechar los recursos del Departamento para regresar a Haití, que pueden gestionarse a través de la aplicación CBP Home».
El TPS protege de la deportación a quienes estaban físicamente presentes en EE.UU. al momento de la promulgación, no tienen antecedentes penales y se han registrado debidamente ante el DHS, contemplando incluso autorización para viajar en casos de emergencia. Haití ha sido designado para el TPS en múltiples ocasiones debido a crisis recurrentes, incluyendo el devastador terremoto de 2010 y la persistente inestabilidad.
Este anuncio llega después de que los inmigrantes haitianos ya hubieran sufrido un revés cuando el Tribunal Supremo permitió al Gobierno de Trump poner fin a otra protección legal temporal, conocida como CHNV, que amparaba a más de medio millón de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
