El Estado dominicano ha dado un paso decisivo al constituirse en actor civil en el proceso judicial relacionado con el controvertido contrato de modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo. La acción legal apunta directamente a Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), al empresario José “Jochi” Gómez-Canaán (propietario de Transcore Latam y Aurix), y a otros implicados en un presunto esquema de defraudación al Estado.
La querella fue formalmente presentada ante el Ministerio Público y depositada ante la jueza Patricia Padilla, titular del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien ejerce el control de las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La representación legal del Estado y del Intrant está a cargo de los abogados Fernando P. Henríquez, Manuel Conde Cabrera, Edison Joel Peña y José Alberto Ortiz Beltrán, integrantes del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, creado por decreto presidencial en 2021 precisamente para recobrar bienes y recursos públicos en casos de corrupción.
Implicados y graves acusaciones
La querella depositada en la Pepca detalla la participación de otros individuos, incluyendo a Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant; y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant. También se mencionan a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, y las empresas Transcore Latam, S.R.L., Aurix, S.A.S., e Inprosol S.R.L.
Aunque el monto específico de la indemnización por daños y perjuicios no ha sido cuantificado aún en la instancia, los abogados del Estado han solicitado la admisión de su constitución en actor civil y se han reservado el derecho de interponer futuras querellas contra otras personas o entidades que resulten implicadas, así como de precisar sus pretensiones económicas en las etapas procesales correspondientes.
El grupo es acusado de conformar una red de corrupción y crimen organizado, imputándoseles delitos de alta envergadura como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad. Estos delitos se encuentran tipificados en el artículo 146, numeral 1 de la Constitución, así como en diversos artículos del Código Penal y leyes especiales como la Ley 53-07 contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito y Contrabando, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Ley 267-08 sobre Terrorismo.
Esta acción legal subraya el compromiso del Gobierno dominicano en la lucha frontal contra la corrupción y en la recuperación de los recursos públicos.
