La reforma fiscal impulsada por el Gobierno dominicano logró convertirse en ley en apenas siete días, marcando una diferencia significativa frente a iniciativas anteriores que no lograron superar el proceso legislativo.
La propuesta, presentada por el Ministerio de Hacienda el pasado 11 de junio, fue aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el presidente Luis Abinader bajo el nombre de Ley 30-26 de Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional.
Aunque comparte el objetivo de fortalecer las finanzas públicas y aumentar las recaudaciones del Estado, la nueva legislación incorpora cambios distintos a los planteados en las reformas fiscales de 2021 y 2024, especialmente en aspectos que generaron amplio rechazo ciudadano.
Uno de los puntos más relevantes es la modificación del anticipo empresarial. La ley elimina este pago para las microempresas y reduce su impacto para pequeñas y medianas empresas, estableciendo pagos trimestrales equivalentes al 40 % y 60 %, respectivamente.
En materia del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), la nueva normativa mantiene sin cambios la estructura vigente, descartando propuestas anteriores que contemplaban ampliar la base gravable o transformar el tributo en un Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Respecto al Impuesto Sobre la Renta (ISR), la ley establece que los trabajadores con ingresos mensuales de hasta RD$39,000 estarán exentos del pago. Además, reduce de un 27 % a un 15 % la retención aplicada a pagos realizados por empresas dominicanas a proveedores no residentes.
Otro aspecto que diferencia esta reforma de las anteriores es que no incluye nuevos impuestos a plataformas digitales o servicios de suscripción utilizados por consumidores dominicanos, medida que había sido considerada en propuestas previas.
La legislación también incorpora un programa de amnistía fiscal, permitiendo a contribuyentes regularizar deudas tributarias con facilidades de pago y exoneraciones de recargos e intereses. Según explicó el ministro de Hacienda, Magín Díaz, los interesados podrán acogerse hasta el 31 de diciembre y disponer de un plazo adicional de hasta doce meses para completar sus pagos.
Las autoridades sostienen que la Ley 30-26 busca fortalecer la estabilidad económica y aumentar la capacidad recaudatoria del Estado sin afectar significativamente a los sectores más vulnerables de la población.
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