SANTO DOMINGO, RD. —Dos de las principales empresas productoras de galletas establecidas en el país —que alegan haber sufrido “daño grave” por el aumento de las importaciones y han solicitado a la Comisión de Defensa Comercial (CDC) un arancel adicional de 67.1 %— registraron ingresos brutos que pasaron de RD$11,159 millones en 2021 a RD$20,515 millones en 2024, un incremento acumulado de 84 %, según un análisis del economista Andrés Dauhajre hijo.
Las cifras, basadas en información financiera consolidada de ambas compañías, cuestionan el argumento central presentado ante la CDC para justificar la imposición de una salvaguarda que elevaría el arancel total a 87.1 % sobre las importaciones de galletas procedentes de países con los que la República Dominicana no mantiene acuerdos de libre comercio. En ausencia de evidencia verificable de pérdidas, caída de ventas o deterioro del empleo, Dauhajre sostiene que el debate planteado ante la autoridad comercial no gira en torno a la supervivencia de la industria local, sino a los efectos que una mayor protección arancelaria tendría sobre la competencia y los precios que pagan los consumidores en un mercado altamente concentrado.
El comportamiento de las utilidades refuerza esa conclusión. En 2021, el año previo al denominado “boom” de importaciones, las dos empresas registraron beneficios consolidados por RD$195 millones. En 2022, esas ganancias aumentaron a RD$665 millones; en 2023 se elevaron a RD$1,873 millones; y en 2024 alcanzaron RD$2,322 millones, doce veces más que en 2021. El mayor nivel de beneficios coincidió, además, con el año de mayor volumen de importaciones. Un gráfico comparativo incluido en el análisis muestra que, lejos de erosionar la rentabilidad, el crecimiento de las importaciones ocurrió en paralelo a un aumento sostenido de las ganancias empresariales, particularmente en 2023 y 2024, cuando ambas variables alcanzaron máximos históricos.
El empleo tampoco refleja un escenario de daño económico. Los gastos de personal —que incluyen salarios, prestaciones laborales y aportes a la seguridad social— pasaron de RD$756 millones en 2021 a RD$1,616 millones en 2024, un aumento de 114 % en tres años. Dado que el incremento del salario mínimo para grandes empresas fue sustancialmente menor en ese período, el economista concluye que el crecimiento del gasto solo pudo producirse con un aumento significativo del número de empleados.
Las empresas solicitantes han presentado como confidencial la información financiera utilizada para sustentar su reclamo ante la CDC, lo que ha impedido su revisión por parte de importadores, consumidores u otros actores del mercado. Dauhajre señala que, en procesos de esta naturaleza, los indicadores tradicionalmente utilizados para demostrar “daño grave” incluyen pérdidas recurrentes, contracción de ventas, caída del empleo o deterioro de la capacidad financiera, elementos que no aparecen reflejados en los datos disponibles.
De aprobarse el arancel adicional solicitado, el gravamen total -señaló el economista- tendría el efecto práctico de restringir severamente las importaciones desde países sin acuerdos comerciales, reduciendo la competencia externa y presionando al alza los precios de un producto de consumo masivo. Para el economista, las cifras indican que el riesgo principal no es la viabilidad de la industria local, sino el impacto de una mayor protección sobre millones de hogares dominicanos.
