Washington.— El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este domingo que alrededor de 1,6 millones de personas que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos se han «autodeportado» este año, mientras que otras 500.000 han sido expulsadas por las autoridades migratorias.
Según el DHS, las autodeportaciones corresponden a migrantes que se registraron voluntariamente para salir del país, en muchos casos motivados por una campaña oficial que ofrece un pago único de 1.000 dólares y un boleto de avión.
Programa de autodeportaciones
El DHS ha promovido activamente el programa de salidas voluntarias mediante una campaña publicitaria nacional que ofrece los mismos beneficios a quienes decidan abandonar el país por cuenta propia.
En contraste, las deportaciones forzadas fueron realizadas por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, que intensificaron sus operaciones en distintas ciudades bajo protocolos impulsados por el presidente Donald Trump.
Aunque la agencia no precisó el monto total destinado al programa, medios locales estiman que se han invertido varios millones de dólares en su promoción.
Operativos y críticas
Tricia McLaughlin, secretaria adjunta de Asuntos Públicos del DHS, aseguró que la administración Trump «está en camino de romper los récords actuales de deportación».
Ciudades con grandes cifras de migrantes y gobernadas por autoridades demócratas, como Chicago, se encuentran bajo operativos masivos y redadas de ICE, denunciados por organizaciones de derechos humanos y políticos de oposición por implementar «tácticas militares» contra los migrantes.
Antecedentes
La política migratoria de Estados Unidos ha experimentado un endurecimiento progresivo en los últimos años, especialmente bajo la administración del presidente Donald Trump, que ha impulsado medidas más estrictas de control fronterizo y expulsión de migrantes en situación irregular.
En este contexto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha puesto en marcha nuevos mecanismos para reducir la presencia de inmigrantes indocumentados, entre ellos el programa de autodeportaciones voluntarias, que busca incentivar el retorno por cuenta propia a cambio de beneficios económicos y asistencia logística.
La estrategia ha generado críticas por parte de organizaciones humanitarias y líderes políticos opositores, quienes advierten sobre posibles abusos y vulneraciones de derechos humanos durante los operativos de deportación y las redadas migratorias en distintas ciudades del país.
