El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la incautación de un avión Dassault Falcon 900EX, que era propiedad y operado para el beneficio de Nicolás Maduro Moros y sus allegados en Venezuela. La aeronave, valorada en 13 millones de dólares, fue incautada en la República Dominicana y transferida al Distrito Sur de Florida, en respuesta a violaciones de las leyes de control de exportaciones y sanciones impuestas por EE.UU.
“El Departamento continuará persiguiendo a quienes violen nuestras sanciones y controles de exportación para evitar que utilicen recursos estadounidenses para socavar la seguridad nacional de los Estados Unidos”, declaró el fiscal general Merrick B. Garland, subrayando el compromiso inquebrantable de las autoridades con la aplicación de la ley.
El subsecretario de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio, Matthew S. Axelrod, enfatizó el impacto de esta acción: “Las aeronaves adquiridas ilegalmente de los Estados Unidos para el beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente desaparecer”.
La incautación fue el resultado de una investigación exhaustiva que reveló cómo, a finales de 2022 y principios de 2023, personas vinculadas a Maduro utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para adquirir el avión de manera ilegal. En abril de 2023, el avión fue exportado de contrabando a Venezuela a través del Caribe, y desde mayo de ese año ha sido utilizado casi exclusivamente para vuelos desde y hacia una base militar venezolana, incluyendo transportes internacionales de Maduro.
El fiscal federal Markenzy Lapointe, del Distrito Sur de Florida, destacó que la operación es una muestra clara del compromiso de EE.UU. en hacer cumplir sus leyes y sanciones. Además, Anthony Salisbury, agente especial a cargo de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami, resaltó que la acción refleja el alcance global de las agencias estadounidenses y su determinación en detener la corrupción extranjera de alto nivel.
La incautación de la aeronave se enmarca dentro de las sanciones impuestas por la Orden Ejecutiva 13884, emitida en agosto de 2019, que prohíbe a los ciudadanos estadounidenses participar en transacciones con individuos que actúen en nombre del Gobierno de Venezuela, incluyendo a miembros del régimen de Maduro.
El caso está siendo investigado por la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio en Miami, en colaboración con el Grupo de Trabajo El Dorado de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Los fiscales federales Joshua Paster y Jorge Delgado, junto con el abogado litigante Ahmed Almudallal, lideran el proceso judicial. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y la HSI en Santo Domingo también jugaron un papel crucial en la cooperación con las autoridades dominicanas.
