Santo Domingo.– El abogado Amadeo Peralta, especialista en la persecución de crímenes, delitos y fraudes financieros, advirtió a la población sobre las consecuencias jurídicas de difundir rumores o campañas difamatorias sobre la liquidez del Banco de Reservas a través de redes sociales.
Peralta fue enfático al establecer que esta acción “está sancionada en la ley Monetaria y Financiera, específicamente en su artículo 80” con prisión de 3 a 10 años y multas de RD$500 mil pesos a RD$2,500,000.00.
Al ser entrevistado sobre las consecuencias en que puede incurrir una persona que llame a la población a que saque su dinero de dicha entidad, el experto instó: “Dejen de estar jodiendo con eso, que todo el que se no quiera pasar el año 2026 en serios problemas, que deje de estar sumándose, difundiendo por cualquier medio falsos rumores y organizando campañas difamatorias sobre la liquidez del Banco de Reservas…”.
Amadeo Peralta sostuvo que la Dirección Nacional de Investigaciones (D.N.I), el Banco de Reservas de la R.D., la Superintendencia de Bancos y el Ministerio Público, están realizando un barrido en todas las redes sociales para identificar a los autores de este delito, aun sea en el extranjero.
Según el abogado, esta acción “pone en riesgo sistemático la estabilidad financiera del país” y, por tanto, se trata de un tema de seguridad nacional.
Peralta diferenció claramente entre la denuncia legítima y la difusión de rumores de quiebra: una cosa es denunciar fraudes con tarjetas o robos por parte de empleados ante Prousuario o en redes, y otra cosa muy diferente, y que sí constituye un delito de acción pública muy grave, es divulgar que tal banco está quebrado y exhortar a los demás ahorrantes a que vayan a sacar su dinero.
El especialista estableció que una vez la D.N.I. pueda identificar a los autores de los videos que difunden falsos rumores y organizan campañas difamatorias sobre la liquidez del Banco de Reservas, estos pueden ser arrestados.
Por la gravedad del delito, los imputados podrían ser sometidos a medidas de coerción que incluyen hasta prisión preventiva o, en su defecto, arresto domiciliario, fianza, impedimento de salida del país y hasta un grillete electrónico.
Además, el abogado resaltó que el Banco de Reservas podrá solicitar condenas en daños y perjuicios, lo que implicaría serias consecuencias legales sobre los bienes del imputado.
