Cientos de medicamentos de alto costo que fueron donados al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), fueron dejados vencer y otros vendidos en la farmacia de la institución durante la gestión de la antigua directiva, de acuerdo a la denuncia que realiza el doctor Iván Alexis Mercader, presidente de la entidad. Desde antibióticos intravenosos hasta medicamentos de alto costo, fueron dejados caducar apilados en grandes cajas dentro de un armario, cuya llave nunca fue encontrada, dijo.
Según explica el doctor Mercader, presidente de la junta directiva del Patronato Cibaeño contra el Cáncer, que administra al IORC, tras tomar posesión de la institución en octubre de 2025, encontraron un armario lleno de medicamentos que hubo que romper para acceder a él. El mueble contenía fármacos donados por familiares de pacientes fallecidos y muestras médicas de laboratorios. De acuerdo al doctor Mercader, estos insumos eran guardados bajo la premisa de que “no se regalaban porque así los pacientes no los compraban en la farmacia”, por lo que muchos fueron incorporados en el inventario para venderlos. El galeno calificó como “inhumano” esta acción propiciada por el antiguo director, el ingeniero Héctor Lora, y su pasada directiva.
Proceso de transición En septiembre 2025, el cirujano oncólogo Juan Vila fue destituido por denunciar irregularidades administrativas, lo que desencadenó renuncias y despidos. El 15 de octubre de 2025, el Ministerio Público juramentó una nueva directiva encabezada por el doctor Iván Alexis Mercader Mateo, con apoyo del Colegio Médico Dominicano (CMD). El Instituto estaba bajo escrutinio por irregularidades como privatización de espacios, nepotismo, falta de sistemas contables y deudas acumuladas con proveedores y médicos, hechos que motivaron una querella ante la Procuraduría General de la República.
A finales de octubre, la nueva directiva identificó deudas por más de 150 millones de pesos. El pasado 18 de noviembre, un tribunal de la Cámara Civil y Comercial de Santiago dejó sin efecto la oposición a las cuentas bancarias impuesta por la gestión de Héctor Lora. Días más tarde, la PEPCA confirmó que investigaba el caso por supuesta asociación criminal y desvío de fondos. El 22 de diciembre de 2025, miembros de la antigua directiva intentaron un nuevo embargo de las cuentas, pero el tribunal dispuso por segunda ocasión el desbloqueo de los recursos financieros.
